Más de 40 militares y civiles reconocieron responsabilidad en crímenes por falsos positivos

Un total de seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados y dos civiles aceptaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por la IV Brigada en Antioquia durante los años 2002 a 2007.

Estos reconocieron su participación en al menos 581 homicidios y 208 desapariciones forzadas en el marco del Caso 03 sobre los llamados ‘falsos positivos’.

De los 50 imputados, 42 respondieron por escrito y aceptaron su participación en los hechos documentados. Siete lo hicieron por crímenes cometidos entre 2002 y 2003, y los 35 restantes por actos ocurridos entre 2004 y 2007.

Todos pertenecieron a seis batallones de la IV Brigada y desempeñaron cargos de mando o participación directa en operaciones militares. Entre ellos se encuentran seis tenientes coroneles, cinco mayores, cuatro capitanes, cuatro tenientes, ocho suboficiales, tres soldados profesionales y dos civiles vinculados a redes de reclutamiento de víctimas.

Los comparecientes reconocieron la existencia de una política de facto que privilegiaba los muertos como único indicador de éxito operacional. A través de órdenes, mensajes radiales y presión sistemática, se promovía la presentación de civiles como bajas en combate.

Entre los oficiales que aceptaron su responsabilidad se encuentran los tenientes coroneles Juan Carlos Piza Gaviria, Juan Carlos Barrera Jurado, Rubén Briam Blanco Bonilla, Jaime Humberto Pinzón Amézquita, Gonzalo Enrique Lizcano Valero y Julio Alberto Novoa Ruiz.

Varios de ellos comandaron unidades directamente implicadas en la ejecución de esta política, como el Batallón Jorge Eduardo Sánchez, el Batallón Pedro Nel Ospina, la Agrupación Afeur 5, el Batallón Atanasio Girardot, el Grupo Juan del Corral y el Batallón Pedro Justo Berrío.

Uno de los comparecientes, el teniente coronel Piza Gaviria, afirmó que fomentó “el sistema de incentivos positivos y negativos” y que exigía objetivos semanales de bajas.

Por su parte, el mayor César Augusto Tavera Cardona manifestó que también asumía responsabilidad por presionar a la tropa a lograr más muertes, lo cual desembocó en ejecuciones de civiles.

Algunos de los reconocimientos incluyeron confesiones de hechos adicionales a los imputados. El sargento Pedro Tobías Apolinar Guevara indicó que colaboró con el Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas para seleccionar víctimas y manipular sus cuerpos. El mayor Óscar Odilio Villate Porras admitió fallas en su deber de supervisión y entregó nuevos datos sobre un caso ocurrido el 21 de febrero de 2005.

Los escritos también incluyeron expresiones de voluntad para participar en acciones restaurativas. El teniente Hernando García García reconoció el daño causado a las víctimas y sus familias. El civil Luis Nolberto Serna aceptó su papel en la estigmatización de personas inocentes y su responsabilidad por las consecuencias psicológicas y sociales sufridas por los familiares.

Los hechos fueron documentados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que determinó que el 73 % de las ejecuciones extrajudiciales en Antioquia entre 2000 y 2013 fueron cometidas por la IV Brigada. La mayor concentración de crímenes ocurrió entre 2002 y 2007, periodo priorizado por la Jurisdicción.

El reconocimiento público de los hechos deberá darse en las próximas audiencias en Medellín y el oriente antioqueño, donde los comparecientes deberán asumir sus responsabilidades en dimensiones fáctica, jurídica y restaurativa.

Siete imputados no aceptaron los cargos. Dos tenientes coroneles rechazaron la imputación y tres brigadieres generales solicitaron la nulidad del proceso.

En el caso del teniente coronel Édgar Emilio Ávila Doria no hubo pronunciamiento registrado. La JEP remitió al general Mario Montoya Uribe y al coronel Iván Darío Pineda Recuero a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que decidirá si los acusa ante el Tribunal Especial para la Paz.