Nueva impugnación al ‘decretazo’ de consulta popular: Fundación para El Estado cuestiona legalidad de la decisión

El pasado miércoles, 11 de junio, el presidente Gustavo Petro, junto con algunos ministros de su gabinete, firmó el decreto 639, mediante el cual se convoca a una consulta popular nacional.

Dicha decisión ha generado reacciones divididas en el ámbito político y jurídico y ha desatado una nueva controversia en torno al uso de estas herramientas por parte del Gobierno.

La consulta, cuyo contenido aún no ha sido plenamente detallado, ha sido promovida como un instrumento para recoger el sentir ciudadano sobre reformas estructurales impulsadas por Petro.

Sin embargo, diversos sectores han expresado preocupación por lo que consideran una estrategia para eludir al Congreso y presionar a las demás instituciones.

Pronunciamiento de FEDe

Con un documento presentado el 12 de junio ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Fundación para el Estado de derecho (FEDe. Colombia) interpuso una demanda de nulidad simple con solicitud de medida cautelar de urgencia.

En el documento, la Fundación argumenta que el decreto 639 no solo excede los límites del poder ejecutivo, sino que constituye un uso indebido del mecanismo de consulta popular.

Según la Fundación, esta convocatoria representa un intento del mandatario por “extorsionar políticamente” al Congreso de la República, tensionar la relación con la rama judicial y manipular los canales de participación ciudadana.

En palabras del documento, el decreto “desfigura los mecanismos democráticos”, al instrumentalizar la consulta como herramienta de presión y no como un ejercicio genuino de deliberación ciudadana.

La demanda nombra como principales responsables al presidente Gustavo Petro y a los titulares de tres carteras ministeriales que suscribieron el decreto.

• Edwin Palma Egea (Minas y Energía)
• Diana Marcela Morales (Comercio, Industria y Turismo)
• José Daniel Rojas (Educación Nacional)

La organización considera que estos funcionarios habrían avalado una decisión que contraviene principios constitucionales esenciales, en particular la separación de poderes y el carácter participativo y deliberativo del Estado social de derecho.

No obstante, la solicitud de nulidad se suma a una cadena de controversias que han rodeado al Gobierno Petro en lo que se refiere al impulso de la consulta y las reformas.

Y es que organizaciones civiles, académicos y sectores de oposición ya habían advertido sobre la posibilidad de estas herramientas como vía alterna al trámite legislativo.

Finalmente, la decisión del Consejo de Estado en las próximas semanas será crucial no solo para el futuro del Decreto 639, sino para la ciudadanía que está expectante a lo que pasará con este mecanismo.