Más de 180 contratos de trabajadores de Migración Colombia estarían en vilo tras decisión de Trump

Un duro golpe recibieron en los últimos días cientos de organizaciones sociales y entidades estatales del país que desarrollan proyectos sociales con comunidades vulnerables o afectadas por la violencia en Colombia, por la decisión del gobierno Trump de suspender por 90 días toda la ayuda internacional de su país.

Esta suspensión coincidió con la crisis diplomática provocada por la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir deportados colombianos esposados y las tensiones económicas por la intención del presidente Trump de imponer aranceles a México y Canadá y eventualmente a otros países como Brasil.

Aunque esta crisis ha sido menos notoria, son decenas de entidades y organizaciones sociales las que quedan en una situación muy compleja pues sus programas e incluso su supervivencia dependen del financiamiento del Gobierno norteamericano, a través de organismos como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo internacional (Usaid) que lleva trabajando y aportando al país desde hace décadas y de otros mecanismos.

Los datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) muestran que para el 2024 el gobierno de los Estados Unidos financio más de 333 mil millones de dólares, lo que representa más del 70% de la ayuda humanitaria que llegó a Colombia.

Un porcentaje de los recursos que enviaba Estados Unidos a Colombia eran administrados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad que ejecutaba un contrato con Migración Colombia para atender a la población de migrantes venezolanos en el país.

Sin embargo, tras la decisión de Trump, se conoció que los contratos de decenas de funcionarios serían suspendidos. De acuerdo con información revelada por Blu Radio, la OIM tomó la decisión de interrumpir el contrato de 186 funcionarios que trabajaban con Migración Colombia, atendiendo a esa población.

Según la entidad, este financiamiento fue para apoyar diversos sectores como lo son protección y acción contra minas, salud, seguridad alimentaria, refugios de emergencia, protección, educación y trata de personas.

Entre los programas que cobija la ayuda estadounidense están algunos para fortalecer la justicia, sustituir cultivos ilícitos, apoyar el emprendimiento de víctimas de violencia, protección de poblaciones contra minas antipersona, protección de la Amazonía, atención de migrantes venezolanos, protección a poblaciones afectadas por el conflicto, entre muchos otros.

Otros programas afectados

Los datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) muestran que para el 2024 el gobierno de los Estados Unidos financió más de 333 mil millones de dólares, lo que representa más del 70% de la ayuda humanitaria que llegó a Colombia.

“El impacto de esta decisión es dramático y no es exagerar decir que la congelación ya ha tenido un efecto enorme en la capacidad de la sociedad civil, del mismo Gobierno, del sistema humanitario para responder a las múltiples crisis que está viviendo en Colombia, como las ONG u organizaciones que han tenido que sacar a sus personas que están en terreno en momentos críticos como el Catatumbo”, señala Elizabeth Dickinson, investigadora del International Crisis Group.

Aunque reconoce que es normal que una nueva administración evalúe los proyectos que apoya, dice que “es diferente esta vez la congelación: puede tener consecuencias adversas y va a tomar más tiempo reactivar estos programas. Es una pérdida para la estabilidad y la capacidad en Colombia de enfrentar el conflicto”.