Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, se entregó en Cali a las autoridades; Inpec definirá el lugar de reclusión

En la noche del jueves 18 de diciembre, se entregó de manera voluntaria a las autoridades de Cali el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para cumplir con la orden de captura emitida en su contra, mientras se adelanta el proceso judicial por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

Velasco se presentó ante los miembros del Inpec en la capital del Valle del Cauca, ciudad donde reside, para dar cumplimiento a la medida de aseguramiento emitida en su contra por el Tribunal Superior de Bogotá.

Con la entrega de Velasco se confirma la segunda detención de un miembro del gabinete del gobierno Petro por el caso de la Ungrd. Ahora Velasco está a la espera de que el Inpec defina a que sitio de reclusión será remitido.

La medida de aseguramiento también se hizo efectiva para el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien estuvo presente en la audiencia.

La magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá fue quien ordenó la medida de aseguramiento para los Exministros.

Luego de terminada la audiencia, que se llevó a cabo en las instalaciones de los Tribunales de Bogotá, en el barrio Salitre, llegaron miembros del CTI y de la Policía Judicial para proceder con la detención del exministro Bonilla, quien fue trasladado hasta el Búnker de la Fiscalía, donde pasó la noche.

La Fiscalía y la ponencia de la magistrada Aura Alexandra Rosero ubicaron a Velasco y Bonilla como presuntas cabezas de un entramado criminal mediante el cual, de forma ilegal, se habría negociado el direccionamiento de contratos de la Ungrd y del Invías.

Según el expediente, estos acuerdos habrían estado condicionados al voto favorable de los entonces congresistas a iniciativas clave del Gobierno que cursaban en el Legislativo, entre ellas las reformas sociales y proyectos tramitados en las comisiones económicas.

Uno de los principales argumentos del Tribunal para imponer medida de aseguramiento intramural fue el riesgo de que el esquema de corrupción se mantuviera activo. La magistrada Rosero sostuvo que la decisión no se fundamenta en un eventual peligro de fuga, sino en la necesidad de evitar la rearticulación del entramado y la continuidad de prácticas como el direccionamiento contractual y la interferencia indebida en procesos institucionales, propias, según el fallo, de estructuras corruptas de alta complejidad.

“Estos riesgos no se neutralizan con el simple desplazamiento internacional del imputado”, precisó la jueza en su decisión.

Por esta razón, y pese a que la Fiscalía había solicitado detención domiciliaria, el Tribunal adoptó una medida más severa y ordenó su reclusión en establecimiento carcelario. La decisión, considerada inusual y no exenta de controversia en el ámbito judicial, motivó un pronunciamiento de la Procuraduría, que pidió reconsiderar la prisión intramural en el caso de Ricardo Bonilla, al tratarse de una persona de la tercera edad.

La defensa de los procesados apeló la determinación, por lo que el expediente será remitido a otra Sala del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si confirma o revoca la medida de aseguramiento. No obstante, debido al inicio de la vacancia judicial este viernes 19 de diciembre, la decisión de segunda instancia se conocería hasta enero.