JEP responde a carta del Centro Democrático sobre cuestionamientos de datos de falsos positivos: “No son meras opiniones”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una contundente respuesta a la carta enviada por el partido Centro Democrático en la que solicitaban claridad sobre las investigaciones relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”.

En ella, tres de sus magistrados reafirmaron que sus hallazgos “no son meras opiniones”, sino el resultado de análisis judiciales con base en pruebas sólidas y testimonios de implicados.

“Sobre sus preocupaciones queremos señalar que las afirmaciones realizadas por la magistratura no son meras opiniones, sino afirmaciones que explican a la opinión pública las determinaciones judiciales que esta Jurisdicción Especial para la Paz ha tomado en seis Autos de Determinación de Hechos y Conductas”, sentenció la JEP.

Asimismo, explicó que “se han imputado 102 máximos responsables como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate”.

La JEP recalcó que estos crímenes constituyen graves violaciones a los derechos humanos y afectaron profundamente a las comunidades involucradas, debilitando la confianza en las instituciones.

También instó al Centro Democrático a garantizar que sus integrantes, especialmente aquellos con representación pública, se abstengan de emitir declaraciones que puedan revictimizar a las familias de las víctimas. Esto lo resaltan teniendo en cuenta el recién polémico acto del congresista Miguel Polo Polo, cercano al uribismo sin ser integrante del partido, en el cual arrojó a la basura unas botas que hicieron los familiares de las víctimas como símbolo de homenaje en la Plaza Núñez.

La carta del Centro Democrático, que fue redactada por su director Gabriel Vallejo, cuestionaba la interpretación de los datos sobre los falsos positivos y pedía especificar si la cifra de los 6.402 casos que el tribunal señala que sucedieron entre 2002 y 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe, correspondían a conclusiones definitivas o preliminares.

En su respuesta, la JEP aclaró que las cifras presentadas son el resultado de investigaciones exhaustivas, corroboradas por múltiples fuentes, y que su publicación busca garantizar el derecho a la verdad.

Además, la jurisdicción señaló que declaraciones imprecisas o politizadas pueden ser revictimizantes para las familias afectadas y minan los esfuerzos por la reconciliación nacional. La JEP concluyó reafirmando su compromiso con la no repetición de estos crímenes y su labor en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado colombiano.

La comunicación de la JEP se da en un momento de alta polarización política, donde los debates sobre la responsabilidad en los falsos positivos han ocupado un lugar central en la agenda pública durante los últimos días.

*Con información de Colprensa