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JEP rechazó la solicitud de Enrique Ariza, exdirector del DAS, por el caso de tortura a Claudia Duque
El rechazó por parte de la JEP se dio unos después de que el exdirector mencionara que retiraría su solicitud de ser sometido a esta entiedad.
La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, presentó un documento en el que se certifica la exclusión del exdirector de inteligencia del DAS Enrique Ariza Rivas, quien es recordado por el escándalo de las ‘chuzadas’, protagonizado por esta entidad, y también fue procesado por el caso de tortura a la periodista Claudia Julieta Duque.
La decisión fue tomada después de una extensa evaluación en la que se llegó a la conclusión de que el plan de aportes a la verdad presentado por Ariza no era “idóneo” para cumplir con el objetivo de la búsqueda de la verdad de la JEP, “puesto que, el hoy accionante, no había cumplido con el deber de aportar verdad plena e inédita respecto de lo ya probado en el proceso penal ordinario”.
En el informe presentado por la JEP se explica la participación de Ariza en los delitos de los que ha sido culpado, además de que se explica a detalle el material de verdad que ha presentado ante la entidad creada por el Estado para la restitución de la verdad, resaltando el delito contra la periodista Claudia Julieta Duque.
“Respecto del cumplimiento del factor temporal de competencia respecto del proceso penal de radicado n.°1001310700220150002600 en contra del señor Enrique Alberto Arias Rivas, por el que la Fiscalía Novena Especializada adscrita a la UNDH y DHI resolvió proferir resolución de acusación 51 en condición de presunto coautor de la conducta punible de tortura psicológica agravada (Art. 178 y 179 C.P.), se tiene que los hechos fueron ejecutados entre los años 2001 y 2004, por lo que el factor temporal de competencia se encuentra acreditado”, se expone en el informe de la JEP.
Además, la Jurisdicción Especial para la Paz expuso que el exdirector del DAS se mantuvo en una posición de defender su inocencia y no con la actitud que se necesita para llevar a cabo los procesos de reparación y restitución planteados en el proceso de paz realizado durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
“...no ha ofrecido verdad exhaustiva ni tampoco ha reconocido su responsabilidad sobre los hechos, frente a los cuales ya cuenta con condena ejecutoriada en la justicia penal ordinaria” expresó la magistratura.
La JEP aplazó la audiencia de Aporte a la verdad del exjefe paramilitar alias Macaco
El pasado martes, 7 de noviembre, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó la suspensión de la Audiencia Única de Aporte de Verdad, que se llevaría a cabo este 8 y 9 de noviembre, en la que se esperaba que el exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, compareciera ante la justicia, demostrando su interés por hacer parte de este sistema, que busca la reparación y justicia de las víctimas del conflicto armado.
La audiencia a la que estaba citado Jiménez, y a la cual él solicitó presentarse, se hace con el objetivo de ejercer el cumplimiento de la Sección de Apelación, en la cual los participantes del conflicto armado deben hacer aportes de verdad “que demuestren que actuó como tercero financiador y como sujeto incorporado material y funcionalmente a la Fuerza Pública, en calidad de ‘bisagra’”, explica la JEP.
La decisión de la cancelación fue tomada porque, antes de llevar a cabo la audiencia, la Sala deberá resolver la acusación de parte de la defensa de Carlos Mario Jiménez contra la magistrada Sandra Castro, quien fue la encargada de estudiar la solicitud del exparamilitar para su sometimiento a la JEP.
El pasado 1 de noviembre se realizó una sección extraordinaria en la que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas recibió la recusación contra la magistrada y, después de escucharla, la entidad reguladora decidió suspender la audiencia hasta llegar a una decisión.
En el comunicado presentado hoy (7 de noviembre) por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se informó que la sala “adelantará los trámites pertinentes de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, y en el marco de su función jurisdiccional, con plena autonomía e independencia”.
