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Fiscalía desarticuló entramado dedicado al tráfico de armas de fuego en el que participaban miembros de la Fuerza Pública
Nueve personas fueron capturadas, incluidas cinco en servicio activo, por extraer partes de armas de instalaciones oficiales y venderlas a organizaciones criminales.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló un entramado delictivo dedicado al tráfico de armas de fuego, en el que estarían involucrados miembros de la Fuerza Pública, entre ellos, militares activos, retirados y pensionados. Según las investigaciones, los capturados extraían partes de armas de instalaciones oficiales para su ensamblaje y posterior venta a estructuras criminales.
En operativos simultáneos realizados en Bogotá, Nilo (Cundinamarca), Florencia (Caquetá), Duitama (Boyacá), Montería (Córdoba) y Riohacha (La Guajira), el Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, con el apoyo del Ejército Nacional, capturó a nueve personas.
Entre ellas figuran los sargentos activos Raúl Leonardo Becerra Sánchez, Luis Carlos Buitrago Fierro y Anderson Sánchez; los sargentos retirados César Leslie Ramírez Pinto, James Valencia Torres y Mauricio Fagua Quiroz; y los soldados Wilson García Betancourt, Breshnet Peña Sierra y Luis Ferney Ríos Valderrama, este último pensionado.
De acuerdo con las evidencias recopiladas durante la investigación, ejecutada por las autoridades, apunta a que los implicados habrían aprovechado sus cargos para sustraer piezas de armamento de instalaciones militares como los fuertes de Tolemaida (Cundinamarca) y Larandia (Caquetá), el Batallón General Servíez de Villavicencio (Meta), y el almacén de Indumil en Caquetá.
Después, esas partes de los armamentos eran entregadas a terceros que ensamblaban armas completas para ser vendidas a grupos armados ilegales.
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En el caso del sargento Valencia Torres, este aceptó los cargos, mientras que los demás implicados los rechazaron.
Según las investigaciones, los pagos por estas operaciones ilícitas se realizaban exclusivamente en efectivo para evitar rastros financieros.
El juez de control de garantías ordenó que los procesados permanezcan privados de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial.
