Contraloría detectó hallazgos fiscales por $82 mil millones en el FOMAG, por pagos irregulares en salud y cesantías del magisterio

La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por más de $81.593 millones tras realizar una auditoria financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, encargada de gestionar el pago de pensiones, cesantías y servicios de salud de los docentes del país.

En este informe expone incumplimientos, pagos tardíos y posibles irregularidades penales que involucran los recursos públicos.

Esta auditoría financiera se adelantó durante el primer semestre de 2025, sobre la vigencia 2024, producto de la cual se configuraron veintiún (21) hallazgos, de los cuales, veinte (20) tienen presunta connotación disciplinaria, tres (3) tienen presunta incidencia penal, uno (1) otra incidencia para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y siete (7) incidencia fiscal por $81.593 millones. Se evaluaron tres componentes principales: Pensiones, cesantías y servicios de salud del Magisterio, incluyendo el nuevo modelo.

Cesantías, intereses moratorios y fallas en el modelo de salud

Entre los principales hallazgos, el órgano de control alertó sobre pagos tardíos en cesantías y fallos judiciales, que ocasionaron sanciones moratorias e interese por cerca de $3.210 millones, afectando el patrimonio público.

Además, se detectaron pagos de sanciones moratorias por más de $4.220 millones con recursos del Tesoro y $48.100 millones con recursos propios del FOMAG, contraviniendo la destinación específica establecida por ley, lo que podría derivar en responsabilidades penales.

Por la deficiente gestión de cobro de cartera, también se constituyó un hallazgo con incidencia fiscal por aproximadamente $23.800 millones.

La Contraloría señaló graves deficiencias en el manejo del nuevo modelo de salud del Magisterio, incluyendo contratos sin los certificados presupuestales requeridos por cerca de $525 mil millones, omisión en el registro presupuestal de obligaciones por $75 mil millones, y la ejecución de servicios sin actas de inicio ni garantías contractuales, configurando posibles delitos como “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.

Con ocasión de controversias con operadores de salud, Fiduprevisora suscribió 10 contratos de transacción en 2023 y 2024, cuyo valor asciende conjuntamente a $1.191.268.246.910 (cerca de $1,2 billones).

Sin embargo, no se evidenció aprobación por parte del Consejo Directivo para a su suscripción, por lo que, se estructuró hallazgo en virtud del cual se efectuarán los traslados correspondientes a la Procuraduría General y a la Fiscalía General de la Nación.

Nuevo modelo de salud

Por otra parte, en desarrollo de esta auditoría se recibieron hechos noticiosos, por la presunta conformación indebida de grupos empresariales para el favorecimiento de algunas IPS, así como la presunta constitución de sociedades ficticias y la destinación de recursos a sociedades radicadas fuera del país con fines de presunto ocultamiento de recursos y enriquecimiento ilícito. Igualmente, se han denunciado presuntos casos de interés indebido en la celebración de contratos de transacción. Estas situaciones pueden constituir presuntos hechos penales, que fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.

En relación con la implementación y ejecución del nuevo modelo de salud durante la vigencia 2024, se estructuraron hallazgos con presunta connotación disciplinaria derivados de lo siguiente:

1. Omisión en la constitución de Certificado de Registro Presupuestal (CRP) para el pago de contratos y/o facturas provisionadas al cierre de 2024, por cerca de $75 mil millones, motivo por el cual, eventuales obligaciones derivadas de la prestación del servicio quedaron sin respaldo presupuestal.
2. Inoportunidad en la formulación de glosas a facturas de prestación de servicios médicos, situación que podría generar riesgo de pérdida de recursos públicos ante la posibilidad de reclamaciones para el pago de intereses.
3. Se evidenció que, para 52 contratos, por cerca de $648 mil millones, no se suscribió acta de inicio, así mismo en 6 contratos de prestación de servicios de salud, por cerca de $168 mil millones, no se constituyeron las garantías contractualmente pactadas, o su constitución no fue oportuna; lo que podría encuadrarse en el tipo penal de “Contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, motivo por el cual, se realizará traslado a la Fiscalía General de Nación.
4. Se identificaron 13 contratos de prestación de servicios de salud por cerca de $525 mil millones que iniciaron ejecución sin la expedición previa de los correspondientes CRP, por lo que se inició la ejecución contractual sin contar con amparo presupuestal.
5. En relación con el contrato 12076-024-2024 de servicios de salud del primer nivel, se evidenciaron múltiples falencias en la determinación de la población a atender y del valor, puesto que inicialmente se suscribió por $31.184.144.994 y finalmente se modificó a $776.911.624, sin que se haya efectuado oportunamente la liberación de saldos por $30.407.233.370, lo cual evidencia un alto grado de improvisación en la contratación de servicios médicos.
6. Se evidenciaron incongruencias en las fechas de las actas de recibo de los módulos del Sistema SUIM-HORUS (sistema para la administración del nuevo modelo), teniendo en cuenta que algunos módulos se instalaron con anterioridad a la fecha de suscripción e inicio del contrato.
7. Se identificó que, al contrato 12076-008-2020 con la UT Riesgos Laborales, cuyo valor inicial fue $4.039.490.000, se le realizó adición equivalente al 127,6% por $5.154.092.104, porcentaje superior al límite del 50% para las adiciones, según el Manual de contratación vigente para la época de los hechos. Asimismo, se evidenció incumplimiento del plazo para el pago de 43 facturas, lo que puede implicar la generación de intereses por mora.
8. Las situaciones evidenciadas en lo concerniente al nuevo modelo de salud, guardan relación con lo evidenciado por la CGR en el seguimiento permanente adelantado en 2024, objeto de 5 alertas y una advertencia emitida por el Contralor General de la República.
9. Igualmente, se tuvo en cuenta el riesgo de pago de servicios no prestados al no estar habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud -REPS, objeto de advertencia emitida con ocasión del seguimiento permanente, sin que se evidenciara la materialización de pérdida de recursos públicos a este momento. Sin embargo, se tendrá presente la advertencia para evitar un posible daño al patrimonio público, conforme con los hechos advertidos.

Continuará el seguimiento

En materia del modelo de salud, conforme los hallazgos detectados por la Contraloría, se trasladará por competencia a la Fiscalía General de la Nación lo evidenciado en relación con la suscripción de contratos de transacción sin previa aprobación por parte del Consejo Directivo del Fomag y la falta de constitución de garantías para contratos de servicios de salud de primer nivel.

La Contraloría General continuará ejerciendo control fiscal sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es así como en el marco del control posterior y selectivo, se han establecido entre 2023 y 2025 un total de 61 hallazgos, 23 de estos con connotación fiscal por más de $548 mil millones, 54 tienen presunta connotación disciplinaria, 4 presunta incidencia penal y 5 con otra incidencia, fueron traslados al Ministerio de Salud, DIAN y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.