Contraloría alerta sobre posible ola migratoria de retorno hacia Colombia por políticas de Trump

La Contraloría General de la República emitió una alerta sobre el impacto fiscal y social que la migración tiene en Colombia, a raíz de las brechas que se evidencian en la política pública contra fenómenos como el tráfico de migrantes.

El análisis, realizado en el marco del ‘Modelo Costo Inmigrantes’ revela que 1.179.270 migrantes han recibido apoyo estatal, con un costo estimado de $2,93 billones.

Estos costos, dice el organismo de control, están creciendo de forma acelerada, lo que podría comprometer la sostenibilidad del presupuesto público. De ahí su llamado a “fortalecer los sistemas de control, mejorar la planeación fiscal y focalizar recursos donde más se requieren”.

A su vez, la CGR advirtió que las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos en contra de los migrantes en ese país están originando una “nueva ola migratoria de retorno”, situación que plantea nuevos retos humanitarios para Colombia.

Para el organismo de control, la desactivación de las facilidades de asilo y la autorización de las redadas contra migrantes indocumentados son algunos de los factores que modifican la dinámica migratoria en la región.

“El flujo migratorio irregular que transitaba por el territorio colombiano hacia el norte del continente, disminuyó el 62% en lo corrido del año 2025 con la detección de 60.469 personas, frente a 160.708 para el mismo periodo del año 2024″, fue una de las conclusiones que develó la CGR durante un foro en Quibdó, Chocó.

En contraste, el seguimiento del organismo de control demostró que la dinámica migratoria se invirtió, pues migrantes irregulares de Norte y Centro América están retornando a sus países de origen.

De hecho, entre el 15 de enero y el 30 de abril de este año, Migración Colombia registró el ingreso de 7592 migrantes por vía marítima, desde Puerto Obaldía (Panamá) al corregimiento de Capurganá (Chocó). De ahí, la mayoría se traslada hacia Necoclí (Antioquia).

Los datos también dan cuenta de que el 43% de este flujo lo constituyen mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes hacen parte de una población con mayor grado de vulnerabilidad.

“La mayoría de estas personas provienen de países de Centroamérica, donde esperaban cita con autoridades estadounidenses para solicitar permiso de entrada, pero ante el cambio de políticas migratorias han decidido regresar a sus países de origen”, dio a conocer la Contraloría General de la República.

Ante este panorama, indicó el organismo de control, será clave que la institucionalidad colombiana tome medidas para la protección de los migrantes que están retornado al país, teniendo en cuenta los múltiples riesgos a los que se exponen, como tráfico de personas, naufragios y desapariciones.

“Se evidencia la necesidad de fortalecer la gobernanza institucional, la cooperación y coordinación internacional, así como la articulación entre el Gobierno y los territorios para avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular”, enfatizó el organismo en su informe.

Conclusiones clave

La Contraloría General de la República también se refirió a los hallazgos que encontraron en las acciones institucionales derivadas del tráfico de migrantes entre los años 2016 y 2023.

En particular, el organismo de control evaluó la política pública que se ha implementado para atender esta situación humanitaria. Entre otros hallazgos, determinó que no hay alineación entre la planeación y la implementación de la política pública, y, por el contrario, se evidencian vacíos normativos.

“La escasa apropiación territorial de la política y desconocimiento por parte de los entes locales y la falta de asignación presupuestal específica para las estrategias”, son otras de las barreras que dificultan la implementación de esta política pública.