Procuraduría pide al Consejo de Estado mantener la elección de Héctor Carvajal en la Corte Constitucional

El pasado 20 mayo del 2025, la plenaria del Senado de la República eligió a Héctor Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de Cristina Pardo. Esta elección generó polémica, debido a que Carvajal es uno de los abogados personales del presidente Gustavo Petro.

Algunos días después llegó una demanda al Consejo de Estado que pedía anular su elección, con el argumento de que en la terna presentada por el jefe de Estado para el alto tribunal no hubo el principio de equilibrio de género y por la edad de retiro forzoso, ya solamente ejercería como magistrado por tres de los ocho años.

Frente a este contexto, la Procuraduría General de la Nación, a través de un documento de 10 páginas, emitió su concepto sobre esta demanda. En ella, le pide al Consejo de Estado negar la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección de Carvajal.

“Solicita negar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto de elección de Héctor Alfonso Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional”, expresa el documento del Ministerio Público firmado por la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, Yolima Carrillo.

En ese sentido, la Procuraduría asegura que hasta el momento no hay pruebas que evidencien violaciones a los principios como la igualdad y la no discriminación.

“No es dable acceder a la suspensión provisional del acto de elección de Héctor Alfonso Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional, toda vez que no se evidencia la trasgresión de los principios de igualdad y no discriminación, ni de los de eficacia, continuidad del servicio y razonabilidad en la administración de justicia”, argumenta el organismo.

En cuanto a los argumentos de la demanda, el Ministerio Público aclaró que los nominados para la Corte Constitucional provienen de las ternas de Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, razón por la cual las disposiciones no aplican.

“Las disposiciones que se aducen como trasgredidas, para el caso concreto, no resultan aplicables de manera pura y simple, materializándose la excepción del artículo 6 de la Ley 581 de 2000. Lo anterior, sin perjuicio del análisis del enfoque de género femenino que realice el Ministerio Público a lo largo de las subsiguientes etapas procesales”, enfatizó la procuradora Yolima Carrillo.

Cabe recordar que una vez fue elegido por el Senado, Carvajal manifestó que demostraría independencia como magistrado del tribunal garante de la Constitución porque, según él, su trayectoria lo demuestra.

“Tengo una historia profesional que demuestra mi compromiso con la Constitución y el Estado de derecho”, dijo el jurista en su momento.