Comunidad wayuu en La Guajira denuncia que el gobierno de Petro quiere implementar reforma a la salud con un decreto

Por medio de un comunicado, las autoridades del pueblo wayuu, en el departamento de La Guajira, aseguraron que el Gobierno nacional busca mediante un decreto implementar medidas en materia de salud, en el estado de emergencia económico, social y ecológica que fue declarado por el presidente en el departamento.

Se trata del Decreto 1270 del 31 de julio de 2023 que, según la comunidad, desconoce los derechos del pueblo indígena wayuu, reconocidos ya en el Tratado Internacional, Convenio 169 de la OIT.

En el documento expusieron textualmente que el decreto “pretende implementar un proyecto de reforma de salud en el Departamento de La Guajira, sin surtir el trámite legislativo de formación y aprobación de las leyes que corresponde al Congreso de la República”.

Por lo anterior, explicaron además que por postulados constitucionales y disposiciones legales especiales como la Ley 691 de 2001 se regula la participación de los pueblos indígenas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

“Conforme al Convenio Internacional 169 de la OIT, los pueblos indígenas gozan del derecho de propiedad sobre su territorio ancestral que, para el caso del Departamento de La Guajira, es el pueblo indígena wayuu”, señalan en el texto.

“Este decreto propone la formulación, adopción e implementación de un nuevo modelo de salud Propio e Intercultural, sin tener en cuenta el precedente legal estipulado en el Decreto 1953 de 2014 que regula el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), fundamentado en la cosmovisión, realidad sociocultural de los pueblos indígenas y que se encuentra reconocido por la Ley 1751 de 2015 Estatutaria de Salud, garante del principio de progresividad de nuestros derechos fundamentales respecto al acceso y participación en el sistema de salud vigente”, añadieron.

El objetivo del documento, según lo expresan en el mismo, es mostrar su inconformidad con lo que el Gobierno nacional pretende hacer en la zona, pero también manifestar que buscan ser escuchados, pues no contemplan que se pase por encima de su autoridad como pueblo indígena y se haga de lado su poderío ancestral.

“Respetuosamente reiteramos nuestra solicitud de ser escuchados, concertados y consultados en los procesos, decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarnos, en garantía del derecho fundamental a la consulta previa, de acuerdo con los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT y los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional al respecto”, señalan.

El Decreto 1250 del 26 de julio de 2023 fue emitido por la Presidencia de la República al mando de Gustavo Petro, como el primer decreto expedido por el Gobierno nacional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.

El documento establece que el Ministerio de Vivienda será el encargado de garantizar el acceso al agua potable en esta región del país, para lo cual contará con un patrimonio autónomo y podrá llevar a cabo procesos de contratación directa.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quedará facultado para la contratación directa de una fiducia mercantil que tenga por objeto la constitución de un patrimonio autónomo para la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento básico en La Guajira. Podrá contar con recursos del Presupuesto General de la Nación, los que asignen las entidades nacionales, de los entes territoriales, de las empresas operadoras de servicios públicos del departamento, municipio, de organismos internacionales de cooperación y otras personas naturales y jurídicas. Este patrimonio autónomo estará sujeto al cumplimiento de las normas que le sean aplicables”, dice el decreto.

En cuanto a la contratación directa, el documento establece que “el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio estará facultado para llevar a cabo contrataciones directas destinadas al suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras para la garantía de acceso al agua y saneamiento básico, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los hechos que originaron la declaración de emergencia y/o conjurar sus efectos. Para aplicar esta modalidad de contratación, la declaratoria del Gobierno nacional constituye el acto administrativo que fundamenta la urgencia manifiesta”.

En ese mismo sentido, establece que se podrá llevar a cabo contratación de manera directa con organizaciones sociales, comunitarias e indígenas.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico de La Guajira (PDA) estarán facultados para realizar contrataciones directas con organizaciones sociales, cívicas, comunitarias y étnicas, las cuales tendrán por objeto adquirir los bienes, servicios y obras necesarias para hacer frente a los hechos que originaron la declaratoria de emergencia y/o conjurar sus efectos, aun cuando superen la mínima cuantía”.