Atienden a las comunidades campesinas de Magüí Payán, Nariño, tras la masacre de cuatro personas

En el departamento de Nariño, y buscando proteger a las comunidades, las autoridades adelantan una serie de acciones en el municipio de Magüí Payán luego de registrarse la masacre de cuatro personas en el área rural de esa población.

“Con determinación, presencia estatal y una postura frente a los hechos de violencia, la Gobernación de Nariño respondió a la situación que atraviesa el municipio de Magüí Payán, tras el asesinato de cuatro personas en las veredas El Doradillo y Tortuga", informó, inicialmente, el secretario de gobierno de ese departamento, Fredy Gámez.

Añadió que la respuesta fue inmediata: “Se instaló un Consejo Extraordinario de Seguridad, se activaron mecanismos de protección y se reafirmó el compromiso por la vida y la paz en los territorios históricamente golpeados por la guerra”.

Y es que este hecho violento sucedió el pasado fin de semana, como bien reportaron periodistas de esta parte del sur del país. Las víctimas eran personas reconocidas en la comunidad, se informa en un comunicado de la Gobernación, un motorista y un comerciante fueron asesinados con arma blanca y el otro con arma de fuego en medio de esta situación.

Mientras tanto, integrantes de la comunidad denuncian que los violentos hechos se dieron por parte de sujetos fuertemente armados, quienes portaban brazaletes negros y rojos e instalaron una bandera de los Comuneros del Sur, en la zona de Tortuga.

Ese grupo, en estos momentos, se encuentra en un proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

Por eso, el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Álex González, también confirmó que el hecho es investigado por las entidades pertinentes, además, tras conocerse la masacre, se convocó un subcomité de asistencia humanitaria en la ciudad de Pasto, al que asistieron representantes de la Gobernación, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la alcaldía local, con el fin de coordinar acciones de atención para posibles víctimas de desplazamiento.

Luego, la administración departamental activó acciones humanitarias, rutas de protección y vigilancia institucional ante los hechos de violencia registrados en esta zona del Río Patía, municipio de Magüí Payán.

Luego, en el Consejo Extraordinario de Seguridad, liderado por el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, participaron el Secretario de Gobierno Departamental, autoridades locales de los municipios de Magüí Payán y Policarpa, Fiscalía, Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo y demás organismos de control.

Por eso, este encuentro permitió hacer un diagnóstico de los hechos y evaluar la presunta presencia de un grupo armado ilegal, señalado como responsable de los actos de violencia en el que perdieron la vida cuatro personas. Dos de los cuerpos fueron recuperados y trasladados por sus familias.

“Desde el primer momento hemos estado en comunicación con líderes locales y activamos el enlace entre el Concejo Municipal y el Consejo Departamental de Seguridad. La instrucción del Gobernador ha sido clara: actuar con rapidez, sin dejar solos a nuestros territorios”, agregó el Secretario de Gobierno.

Según información preliminar de las comunidades, en la zona persiste la presencia de estructuras al margen de la ley, sin embargo, avanzan las investigaciones para dar con los responsables de este hecho de violencia que enluta al departamento.

Por su parte, la Fuerza Pública analiza rutas seguras para acceder al caserío de la vereda Tortuga, de difícil acceso y sin comunicación fluida. La Gobernación de Nariño, por su parte, activó los mecanismos de respuesta humanitaria, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección y convocó al Subcomité de Prevención y Protección para analizar medidas urgentes frente a posibles desplazamientos y confinamientos.

“Las comunidades de la cordillera Nariñense, el alto Maguí Payan y la subregión Sanabria se movilizan de forma pacífica en el corregimiento de Damasco en el municipio de Cumbitara, exigen que cesen las acciones militares que afectan a la población civil e infringen el derecho internacional humanitario”, sostiene la denuncia hecha por los integrantes del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano.