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Comunidades de Cali están preocupadas por su presupuesto participativo; estos son los detalles
Estos recursos se estarían yendo en gastos que debería asumir directamente la Alcaldía.
Las comunidades de Cali, representadas por los presidentes de las Juntas Administradoras Locales (JAL), revelaron los principales problemas que están teniendo en sus comunas y corregimientos, y pidieron a la Alcaldía atender sus solicitudes.
El mayor ‘dolor de cabeza’ que aseguraron tener está relacionado con el presupuesto participativo, que para el 2024 asciende a $ 59.382 millones, según el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de este año.
Los ediles manifestaron que están teniendo que financiar muchas obras costosas de infraestructura con estos recursos, como el arreglo de vías en muy mal estado o el mantenimiento de los escenarios deportivos, lo que les está quitando la posibilidad de invertir en otras necesidades.
“Queremos proponer, como presidentes, que no invirtamos más recursos del presupuesto participativo en infraestructura porque prácticamente estamos haciendo lo que le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, y dejamos de atender otras necesidades básicas”, expresó Doris Lara, presidente de la JAL de la Comuna 7.
Pidieron que esas inversiones costosas en obras sean atendidas por la Alcaldía de forma directa, a través de los recursos de Libre Destinación, que para este año alcanzan los $ 619.300 millones.
Otra preocupación que evidenciaron se concentra en la zona rural, donde los habitantes de los corregimientos no pueden realizar obras en sus parcelas porque cuando hacen la solicitud, les dicen que deben consultar primero con la CVC, pero indicaron que esta entidad traslada la petición a Parques Nacionales de Colombia, la cual devuelve el proceso.
Al parecer, estos predios se concentrarían en zonas de influencia al corredor ambiental de Cristo Rey, proyecto que está cerca de terminar en sus tramos 2 y 3.
No obstante, dijeron que la obra ha estado de espaldas a la comunidad. “Nadie sabe cuál será el verdadero impacto que se tendrá con la carga vehicular, con la afluencia de turistas ni con la reactivación del comercio”, sostuvo Eider Hurtado Molina, portavoz de los ediles de los corregimientos de la ciudad.
Las autoridades se pronunciaron frente a estos asuntos, principalmente a lo relacionado con el presupuesto participativo. Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, en conjunto con el Departamento de Planeación, explicaron que este presupuesto ya se financia con recursos de libre destinación, desde hace cuatro años.
“Esto con el fin de que los organismos que tienen este tipo de proyectos realicen el proceso de ejecución de manera más ágil y oportuna”, contaron. Sin embargo, no respondieron frente a la propuesta de que las obras de infraestructura y otras costosas puedan ser asumidas directamente por los organismos de la Administración.
Asimismo, desde la CVC denotaron que hay confusión en la comunidad, ya que la entidad no emite permisos para ningún tipo de obras que se quieran realizar.
“Lo que ocurre es que la zona rural que se encuentra en la reserva forestal de La Elvira y Cerro Dapa Carisucio tiene una sentencia del Consejo de Estado que no permite otorgar permisos, mientras no se apruebe el Plan de Manejo de la Reserva”, aclararon.
Para esos sectores, es entonces el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el encargado de autorizar la adecuación de vías y otras actividades, así como desarrollar y aprobar el Plan de Manejo de la Reserva.
Concejo apoyará en búsqueda de soluciones
El presidente del Concejo, Carlos Andrés Arias, se reunió con los ediles y representantes de la ciudadanía y explicó que se buscará abordar cada uno de estos puntos en las plenarias.
“Nos manifestaron problemáticas en infraestructura, transporte público, dotación para las Juntas, saneamiento básico en zona rural, la seguridad. Nos dijeron que llevan mucho tiempo radicando derechos de petición que no les contestan”, expuso Arias Rueda.
Estos puntos se plantearán ante los funcionarios de la Alcaldía en debates de control político. “Queremos que la Administración se comprometa directamente con ellos a establecer un cronograma de cumplimiento y nosotros haremos el control”, añadió.
