Alerta emitida por la Defensoría del Pueblo advierte alto riesgo por “conflicto híbrido” en Cali

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana ante los riesgos que enfrenta la población civil del Distrito Especial de Santiago de Cali, derivados del entrelazamiento entre el conflicto armado y la criminalidad organizada.

De acuerdo con el documento, publicado el pasado 26 de agosto de 2025, la ciudad vive un "conflicto híbrido", caracterizado por la coexistencia y competencia de distintos grupos armados organizados (GAO) y estructuras del crimen local, regional y transnacional, lo que ha derivado en una amenaza directa contra los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de los habitantes.

El primero es el accionar de grupos armados organizados (GAO), como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); disidencias de las extintas FARC-EP, adscritas al Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA), del Nuevo Estado Mayor Central (EMC), y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB); y, por último, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) que, además de ser parte del conflicto armado, es un grupo sucesor del paramilitarismo.

El segundo aspecto, según reza el documento, “es la actividad de grupos de crimen organizado y delincuenciales. La mayoría son grupos locales, aunque otros influyen desde diferentes regiones del Valle del Cauca, como Shottas, Espartanos, La Oficina y La Inmaculada, y otros lo hacen desde Quibdó, como Lokos Yam, los Zeta y RPS”.

Y, añade además, actores del crimen organizado transnacional, como los carteles mexicanos y el Tren de Aragua, que también influyen intermitentemente en el territorio, en la articulación de redes de economías ilícitas.

El tercer factor se refiere a las redes que enlazan a los GAO con grupos de criminalidad organizada a nivel local, regional y transnacional, con objetivos económicos, logísticos y políticos.

Estas conexiones, según explican, “han evolucionado desde lo descrito en la AT 001-22 para este Distrito, generando impactos en los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de sus habitantes”.

Cabe decir que, el informe subraya que la situación se agrava debido a las debilidades institucionales y sociales del territorio, expresadas de manera diferenciada entre el ámbito urbano y rural. Esta combinación incrementa el nivel de riesgo y demanda medidas urgentes.

En total, la Defensoría formuló 34 recomendaciones dirigidas a prevenir y mitigar los factores de riesgo, fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y garantizar la protección de las comunidades más expuestas.

Asimismo, la alerta temprana emitida, aseguró que, la ubicación y características territoriales de Cali son fundamentales en las dinámicas del conflicto armado y del crimen organizado.

Por ello, destacaron al menos cuatro rasgos de este tipo, que aprovechan los grupos armados para el alcance de sus objetivos. Uno de ellos, es la capacidad de Cali de conectar el sur de Colombia con las rutas internacionales del Pacífico.

“En segundo lugar, su territorio tiene riqueza ambiental, por la presencia de recursos naturales en los Farallones. Y, en tercer lugar, su centralidad en el suroccidente del país, la ha convertido en un refugio para las víctimas del conflicto armado, de tal manera que su situación de vulnerabilidad ha sido aprovechada por actores armados y criminales”.

Y, finalmente, el informe señala que, el territorio ha tenido un arraigo histórico del narcotráfico.

Cabe decir que, entre los grupos vulnerables, el documento clasifica a mujeres, niños, niñas y adolescentes, jóvenes, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH), indígenas y población afrocolombiana.

Ahora bien, en cuanto a la convergencia de los corredores geoestratégicos, documentada en la Alerta Temprana 001-22 y el Auto 08 de 2023 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el documento también establece cuáles han sido esos corredores riesgosos para la población civil por la presencia de grupos armados ilegales.

Uno de ellos es, el corredor Cauca – Pacífico, que conecta al Distrito con el norte del Cauca, iniciando en Buenos Aires (Cauca), pasando por Jamundí y vinculándose a Cali a través del Parque Nacional Natural Los Farallones.

“Desde allí alcanzan salida al mar por Buenaventura. En este corredor, la Defensoría del Pueblo ha advertido escenarios de riesgo en municipios como Buenos Aires, donde facciones disidentes de las FARC —Frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos— han disputado el control con la Segunda Marquetalia (hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB)“, señala la alerta.

Y añade, “en Jamundí, el Frente Jaime Martínez ha impuesto medidas coercitivas contra la población civil y ha sido señalado como responsable de acciones bélicas indiscriminadas que, solo en el último año, han afectado a Cali en al menos siete hechos violentos”.

Ahora bien, en materia de recursos naturales, los grupos armados han encontrado principal interés en zonas como el Parque Nacional Natural (PNN) Farallones, compartido con Dagua, Jamundí y Buenaventura, un ecosistema estratégico de 196.364 hectáreas. En esta área protegida existe presencia de oro, lo que ha atraído el interés de grupos armados, para su explotación ilegal.

“Adicionalmente, las características topográficas del Farallón y los vacíos de presencia estatal, han facilitado que grupos armados instrumentalicen el área como retaguardia, corredor y enclave para economías ilícitas, como la señalada”.

Dicho todo lo anterior, el documento explica por qué la ciudad, gracias a su centralidad y oferta de servicios, se ha convertido en el principal destino de personas en situación de desplazamiento forzado procedentes del sur del país y el Pacífico colombiano, así como de población migrante internacional, convirtiéndola en una ciudad refugio.