Alcaldía de Cali le respondió a la Procuraduría sobre investigación a funcionarios por presuntos cobros a contratistas

La Procuraduría General de la Nación anunció una investigación contra funcionarios de la Alcaldía de Cali por presuntos cobros irregulares a contratistas.

“Les exigen hasta el 40 % de su salario mensual para conservar sus puestos, a través de coordinadores de grupos y transferencias digitales que se canalizarían por plataformas como Nequi”, se lee en el comunicado emitido por la Procuraduría.

Frente a esto, desde la administración distrital rechazaron posibles actos de corrupción y anunciaron medidas judiciales contra los que se encuentren responsables.

“Desde que recibimos las denuncias en redes sociales y en derechos de petición desde el Consejo de la Ciudad, se ha respondido de manera profunda, detallada y oportuna con la información que reposa en el Departamento de Contratación Pública”, dijo el secretario de Gobierno de Cali, Diego Hau Caicedo.

“Desde el primer día de su gobierno, el alcalde Alejandro Eder ha reiterado con vehemencia que en esta no permitiremos ni permitimos actos de corrupción”, comenzó diciendo.

Acto seguido, anunció que se iniciaron los respectivos actos judiciales contra los funcionarios involucrados.

“La directora del Departamento de Contratación Pública presentó una denuncia ante la Fiscalía, organismo de adelantar las investigaciones penales, y desde ese preciso momento estamos colaborando con dicha autoridad para que vaya hasta el final en esta investigación.”, señaló.

Asimismo, anunciaron un despliegue estratégico para prevenir actos como los que se denunciaron por el ministerio público.

“Activamos los protocolos internos a través del Departamento de Contratación Pública, del Departamento de Control Interno Disciplinario y desde la Oficina de Transparencia, con medidas correctivas y con medidas preventivas ante el cuidado de los recursos públicos”, precisó el funcionario.

Sobre los presuntos actos de corrupción, la Procuraduría precisó que existe o no una posible red de la cual estaría actuando para “intereses políticos y operadores internos de la administración distrital”.

De igual manera, advirtieron que los funcionarios presuntamente involucrados amenazaban a los contratistas si no daban coima con ingresarlos en una “lista roja”.

“La actuación disciplinaria que inició el ente de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y, en caso de verificarla, definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas“, detalló la Procuraduría.

Por ahora, las investigaciones seguirán en manos de las autoridades pertinentes para determinar responsabilidades entre los funcionarios que estarían salpicados.