Mulaló - Loboguerrero: ¿se hundirá el gran proyecto vial del Valle?

A mediados del año pasado surgió una gran expectativa en el Valle del Cauca y, en especial entre las directivas de la Concesionaria Nueva Vía al Mar, Covimar, porque se rumoraba que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, tenía listo el aval para la construcción de la carretera Mulaló-Loboguerrero.

Pero poco tiempo después esas expectativas se desinflaron. La autoridad ambiental le pidió un nuevo estudio a Covimar que alejó la posibilidad de iniciar este año las obras del proyecto vial que tendrá una inversión cercana a los $2 billones.

El contrato para realizar la nueva vía de 32 kms, que arranca en Yumbo, pasa por Pavas, corregimiento de La Cumbre, y finaliza en Loboguerrero, se firmó en 2015 y en 2017 Covimar presentó la solicitud de licencia ambiental.

La demora en este trámite y, sobre todo la incertidumbre que genera la posibilidad de no obtener la licencia ambiental, tienen al concesionario en una disyuntiva: continuar con el proyecto o desistir.

“Queremos seguir con el proyecto”, argumentan directivas de Corficolombiana, principal socio de Covimar. Sin embargo, hay dudas.

La mayor preocupación de Covimar es no tener la certeza de si se obtendrá la licencia ambiental y que sigan las actuaciones judiciales de la comunidad para frenar el proyecto.

¿Por qué? La mayoría de proyectos de infraestructura en el país están regidos por normas ambientales actualizadas al 2015, la Anla puso a Mulaló-Loboguerrero bajo las normas de 1994. Eso implica que la autoridad ambiental puede pedir de manera indefinida información, siempre que lo considere necesario, argumenta Alberto Mariño, presidente de Proindesa, compañía que maneja las concesiones de infraestructura de Corficolombiana.

“Esto nos hace pensar que existe el riesgo de que una vez se presente el nuevo estudio solicitado por la Anla, se pida más información o vengan los reclamos, las acciones populares, tutelas por parte de la comunidad, que es parte interesada en el proceso”, lo que demoraría más el inicio de la obra.

Covimar en este momento está haciendo el estudio solicitado por la Anla y considera que lo puede entregar en noviembre de 2020. Pero hay grandes dudas sobre sí realmente será posible construir la nueva vía.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, es más optimista y dice que la carretera se realizará, pues “el compromiso es que el Gobierno no va a pedir más información” más allá de la que se ha solicitado, aunque aseguró que es necesario tener en cuenta la posición de la comunidad.

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Miguel Vargas, gerente de Covimar, explicó que la concesionaria ha invertido más de $250.000 millones en la fase de preconstrucción, lo que incluye los trámites ambientales, protocolización de acuerdos con comunidades y adquisición de predios (116 de 166).

En un informe presentado a El País, la concesionaria destacó algunas tareas realizadas en estos años: se obtuvo la no objeción de los diseños de detalle de las obras por parte de la interventoría; el levantamiento de veda de especies protegidas ante Minambiente y la CVC; la obtención de tres procesos distintos de sustracción de áreas protegidas (Reserva Forestal Nacional del Pacífico, la Reserva Forestal del Río Dagua y el Distrito de Conservación de Suelos Cañón de Río Grande), es decir que en estas zonas se puede desarrollar la vía.

“Se hicieron estudios ambientales con inversiones del orden de $8000 millones que describen con evidencia científica y suficiencia técnica las condiciones de la zona. Adicionalmente permiten analizar los impactos, establecer, de manera específica, las acciones de manejo ambiental para la mitigación o compensación de estos impactos identificados”.

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Según Covimar, la concesionaria también ha logrado generar un buen relacionamiento con las comunidades del área de influencia del proyecto. “Lo anterior, a pesar de la oposición ejercida por algunos actores sociales del corregimiento de Pavas (Fundepavas, Acaapavas, Afropavas, veeduría ciudadana de Pavas y el Consejo Comunitario de Mulaló), quienes continuamente envían comunicaciones a diferentes entidades del orden nacional e internacional manifestando su oposición”, explicó Vargas.

Desde el 2015 a la fecha estas organizaciones han presentado 6 tutelas, 3 de las cuales se presentaron para que se realizara consulta previa con un consejo comunitario creado en Pavas y 3 para que se declare el acuífero sujeto de derecho. También han presentado 2 acciones populares, todo tratando de frenar las obras que sin licencia ambiental no podrán arrancar.

Édgar Barrios, miembro de Fundepavas, afirmó que nunca se han opuesto a la construcción de la carretera Mulaló-Loboguerrero, sino que desde el principio del proyecto sugirieron un trazado diferente para que la vía no toque el acuífero del corregimiento de Pavas.

Agregó que tienen los documentos que indican que la obra se diseñó desconociendo la zona del acuífero. “Esto no es carreta de unos habitantes, existe la información que lo soporta y la vía se planificó mal, dijeron que no había agua, y sí la hay; dijeron que no había vegetación, y sí la hay; el proyecto se ha demorado no por la gente, es porque primero se definió el trazado y después hicieron los estudios”.

Al respecto, el alcalde de La Cumbre, William Carvajal, considera que sería oportuno estudiar un cambio de trazado. “Hay muchas personas en la región que ven peligroso para el acuífero el paso de la vía. El proyecto pasaría a unos 600 metros de donde este aflora. Creo que sería bueno pensar en el cambio del trazado”, reiteró.

Pero esta idea de cambiar la ruta no suena del todo. Mariana Caicedo, directora (e) de Propacífico, opina que esa alternativa sería riesgosa en el sentido de que significaría un nuevo proyecto, más estudios, otra licitación y podría tardar mucho más tiempo.

“En este momento esta vía es la única de cuarta generación en el país que no tiene un plan de acción claro, entre los seis proyectos que se están reactivando, salvo la mesa técnica que se creó para tratar de que se agilice el cronograma”, indica.

Hasta ahora el proyecto Mulaló-Loboguerrero ha generado 833 empleos a habitantes de la zona desde el año 2015. En asocio con el Sena, se ha capacitado a 854 personas.

La expectativa de la región es que el concesionario pueda entregar los estudios nuevos antes de noviembre de este año y que se cree un plan de acción con fechas específicas. Pero el mismo concesionario teme que de seguir al ritmo actual podrían pasar un par de años y no haber solucionado nada.

Las directivas de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, le dijeron a El País que se realizarán todas las acciones necesarias para lograr la conclusión de esta iniciativa y explicaron que a la fecha se tiene un trazado contratado, “no objetado por la interventoría, que genera la menor afectación al acuífero de Pavas”.

Sobre la posibilidad de que el concesionario abandone el proyecto, por la incertidumbre que han planteado, argumentaron que “el contrato contempla causales específicas por las cuales se podría terminar anticipadamente”, pero que estas “aún no se han configurado”.

Las directivas de Covimar recordaron que la concesión recibió un proyecto estructurado por la ANI en el que definió un trazado específico y que ya tenía un primer Diagnóstico Ambiental de Alternativas sobre el cual el consorcio trabajó.

El concesionario reconoce la inconformidad de una parte de la comunidad con el proyecto existente. “En este sentido, el cambio de trazado podría ser una opción válida que el Gobierno debería evaluar para darle una solución de fondo a la problemática”, dijeron.

Pero esta decisión no depende del concesionario sino de la ANI, que tendría que estructurar otro proyecto.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, se reunió esta semana con empresarios de la región para hacer un balance de la infraestructura local.

La funcionaria aseguró que la vía Mulaló-Loboguerrero sí se realizará y que el compromiso del Gobierno es no pedir más información, más allá de la que en este momento se ha solicitado al concesionario de la vía para que se tome una decisión sobre la licencia ambiental del proyecto.

¿Está en riesgo el desarrollo de la vía Mulaló-Loboguerrero?

Lo que creo es que la vía se va a hacer, la preocupación del concesionario es que ha pasado mucho tiempo y aún no ha podido comenzar. El Gobierno lo que ha hecho es crear una mesa técnica, que ahora contará con la participación de la Consejera para la Competitividad para realmente mirar y definir qué sucede.

La Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) le pidió más información al concesionario, con base en la posición que la CVC ha tenido, y el concesionario dice que ese estudio estaría listo en noviembre. Lo que queremos es validar si esa información se puede entregar antes de ese tiempo.

Nosotros somos de la tesis de que esa licencia hay que obtenerla y para ello hay que tener ese estudio. El compromiso es que el Gobierno Nacional no va a pedir más información de la que ya se ha solicitado.

Aún así el concesionario teme que, una vez listos los nuevos estudios, se pida más información y la comunidad siga usando recursos jurídicos para evitar el proyecto...

Hay una cosa clara también y es que este proyecto no sale adelante si la región no nos acompaña. La realidad es que no vamos a imponer una vía a una comunidad, ellos y las autoridades regionales tienen que ser aliados para sacar adelante los proyectos. La región debe acompañarnos en las consultas, como lo está haciendo la Gobernación en el tema del aeropuerto de Buenaventura, de lo contrario, no será posible sacar adelante las iniciativas.

Lo que ha dicho la Anla es que para demostrar que no se afectarán los acuíferos de Pavas, se requieren los nuevos estudios. El tema de fondo es cuánto tiempo tardará esto.

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¿Cree que es viable que se cambie el trazado de la vía, como pide parte de la comunidad de Pavas?

Creo que nosotros en todos los proyectos tenemos alternativas; si se trata de otro trazado, surgen muchas preguntas: si se puede hacer con el mismo concesionario o toca iniciar un nuevo proceso. Creo que eso tiene implicaciones jurídicas que habría qué evaluar.

¿Qué decirle entonces al concesionario, que siga esperando?

Estamos trabajando para garantizar que se tengan en cuenta los intereses de la gente y a la vez poder sacar adelante los proyectos. Estos siguen su marcha en la medida en que todos ganemos, no podemos imponer nada y por eso respetamos la decisión de la Anla y lo que queremos ahora es ver cuánto tomarán los nuevos estudios.

La Anla no ha negado la licencia ambiental sino que, con base en la posición de la CVC, requiere la información para garantizar que se preservará el agua.

¿Y si continúan las peticiones de la comunidad y de la Anla, que retrasan el proyecto?

No podemos partir de que hay mala fe. El trámite de la licencia ambiental inició desde que la CVC hizo la substracción de áreas de reserva y es la primera vez que la Anla pide información adicional. Hay una cosa básica y es la garantía del Estado de que se pueden construir obras que son compatibles con el medio ambiente.

¿En realidad usted cree que esta vía, única de cuarta generación del Valle, se podrá ejecutar?

No es la única de cuarta generación. Esperamos que la licitación de las obras de la Malla Vial del Valle salga en dos semanas, ya tuvo la aprobación en Hacienda y está tramitándose el aval de Planeación. Este es un primer proyecto de quinta generación que el Gobierno sale a licitar. También estamos estructurando la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura, ya tenemos el compromiso de que nos van a elevar el techo fiscal para sacar adelante el proyecto, esta es una obra que lleva quince años y no se ha consolidado.

La instrucción del Presidente es que se licitará, se contratará y quedará financiada. Además, ya empezaremos las consultas con seis comunidades.