Metrocali y la Unión Temporal de Recaudo Utryt mintieron sobre la póliza de seguros

Por: Hugo Mario Cárdenas López / Reportero de El País

Cada vez es más evidente que la póliza de seguros que dijo tener la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (Utryt), encargada de la operación y el recaudo de los recursos del MIO, no existió; como tampoco fueron ciertos los comunicados y respuestas del Presidente de Metrocali asegurando que la infraestructura del sistema masivo estaba protegida.

Han pasado casi tres años desde los actos vandálicos en los que fueron destruidas cerca de 50 estaciones y terminales del Sistema de Transporte Masivo de Cali y lo que ha ocurrido desde entonces genera preocupación en diversos sectores que esperan que haya claridad en las reuniones de empalme con el nuevo gobierno de Alejandro Eder.

De acuerdo con el contrato de concesión firmado el 8 de julio del 2008 entre Metrocali y la Utryt, en la primera alcaldía de Jorge Iván Ospina, la empresa de recaudo tendría bajo su guarda y responsabilidad toda la infraestructura de la empresa, respondería por ocupaciones de hecho o pérdida de los bienes y “asumiría el costo de asegurar contra todo riesgo los daños causados por fuerza mayor o caso fortuito y quien deba asumir -a su costa- los gastos y expensas necesarias para reparar, reconstruir o sustituir la infraestructura, si fuese necesario”.

Pero tanto la Utryt como Metrocali bajaron la guardia y la última póliza anual de cobertura contra todo riesgo fue la 45954 de la empresa Chubb Seguros Colombia S.A, que iba hasta el 18 de diciembre del 2020 y con una cobertura de hasta $183.430 millones.

Después empezaron a comprar retazos. Primero, una póliza por un mes que iba desde el 19 de diciembre del 2020 hasta el 17 de enero del 2021, y luego una prórroga por solo dos semanas, desde el 18 de enero del 2021 hasta el 1 de febrero de ese mismo año.

Vencidas esas dos semanas, asume la Utryt el riesgo de adquirir una nueva póliza por un año, la 50791 con la misma empresa Chubb Seguros de Colombia S.A, pero no pagaron cobertura total. El nuevo seguro no cubría daños en muchos casos, incluidos actos vandálicos como los que iniciaron en abril del 2021, dos meses después de comprar la póliza, y solo amparaba en riesgos dos oficinas en la Calle 98 con Carrera 22 en Bogotá, y el inmueble donde funciona el Centro de Control, en la Avenida Vásquez Cobo de Cali.

Con las estaciones del MÍO destruidas, el sistema de transporte prácticamente paralizado y la imagen de una ciudad desolada, llegó entonces el esfuerzo de Metrocali y la Utryt por ocultar lo que en realidad estaba ocurriendo con la infraestructura del MÍO.

El propio presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, respondió a un derecho de petición del Concejo de Cali asegurando que todos los bienes estaban protegidos y que ya la Utryt había iniciado el proceso de reclamación ante la empresa aseguradora.

Pero la realidad, según documentos en poder de El País, es que la Utryt empezó a ocultarle información a Metrocali, que en un tire y afloje amenazó con iniciar un proceso sancionatorio contra la empresa de recaudo, como autoridad competente, pero por alguna razón reversó la decisión y se abstuvo de continuar el sancionatorio.

“Nunca se ha negado la Utryt a entregarle información a Metrocali, no sé de dónde sacan ustedes eso”, respondió el presidente de Metrocali al ser interrogado sobre la permisividad que han tenido con la firma de recaudo.

Sin embargo, en una carta del pasado 26 de abril del 2023, la supervisora de Utryt, Alba Lucero Urrea, le notifica a Eliana María Ampudia, jefe de la Oficina de Gestión Contractual de Metrocali, del “incumplimiento contractual para inicio de proceso sancionatorio, toda vez que el Concesionario de la Unión Temporal de Recaudo y Tecnología (Utryt), no dio respuesta oportuna al requerimiento formulado desde mayo del 2021 hasta abril 15 de 2023″.

El objeto de ese requerimiento era verificar el “presunto incumplimiento contractual relacionado con la reclamación y reconocimiento de pólizas de la infraestructura del SITM-MIO por los hechos vandálicos” a partir del 28 de abril y “por haberse agotado los términos para ello y no se obtiene ninguna respuesta por parte del concesionario”, detalla el documento.

Según el presidente de Metrocali, “no se sancionó a la Utryt porque suspendimos un tribunal de arbitramento, solicitado por la administración saliente, y se llegó a un acuerdo en las mesas y se cuadró el desequilibrio que ellos tienen, tal como lo hicieron los operadores en su momento en el 2018″.

Ante el silencio de la Utryt y su negativa a responder, quien lanzó el salvavidas para reparar las estaciones del MÍO fue el alcalde Jorge Iván Ospina, quien tomó de los recursos de los caleños para mandar a realizar obras por las que, según el contrato, tenía que responder la empresa de recaudo.

“Las estaciones se recuperaron con unos recursos propios del distrito y con unos recursos de Metrocali”, reconoce Óscar Javier Ortiz, tras explicar que “en el convenio que se firmó en ese momento no cubre asonadas ni estallido ni nada de lo que no cubren hoy las entidades ni las aseguradoras. Entonces se hizo con recursos del Distrito en ese momento y en el modificatorio nuevo con la Utryt se les cobró a ellos y se les cruzó la deuda de las estaciones”.

¿Y la Contraloría de Cali?

Pero si es cuestionable que Metrocali, la Administración Municipal y la Utryt hayan sostenido durante casi tres años el engaño a la ciudad sobre una póliza que no existía, más preocupante aún resulta la posición asumida por la Contraloría Distrital de Santiago de Cali.

“Metrocali y la Utryt nos tenían engañados con el cuento de que la Unión Temporal de Recaudo ya estaba adelantando los trámites ante la aseguradora para que respondiera por los daños en las estaciones, pero no va a responder nadie porque no hay póliza. Es así de sencillo”, aseguró un exfuncionario de la Alcaldía que conoce de cerca el proceso.

“Ahora, lo de la Contraloría es vergonzoso. Estamos hablando de que una funcionaria hizo un hallazgo por cerca de $50.000 millones con este tema de Metrocali y la Utryt, y lo que hizo el contralor, no se sabe a razón de qué, fue omitir ese hallazgo”, dijo la fuente.

Por el contrario, la decisión del contralor distrital, Pedro Antonio Ordóñez, recordado solo porque el día de su posesión ante el Concejo le dio las gracias al exgobernador Juan Carlos Abadía, fue retirar del control fiscal a Blanca Flor Zuluaga, la funcionaria que investigó e hizo el hallazgo.

“Lo de la póliza no era cierto. No contaba con la cobertura de daños originados por desórdenes populares, dejando a cargo de Metrocali la responsabilidad de las afectaciones causadas durante el estallido social”, dijo entonces Blanca Flor Zuluaga, presidenta del sindicato de la Contraloría.

“El contrato que suscribieron de concesión, quien tenía que comprar esas pólizas era el concesionario y Metrocali tenía que estar pendiente de hacer la labor de supervisión”, agregó la funcionaria de la Contraloría, quien explicó también que la Utryt sí aseguró algunos riesgos, pero no lo hicieron con la infraestructura del MÍO.

De acuerdo con el congresista Christian Garcés, quien ha denunciado las presuntas irregularidades en el convenio entre Metrocali y la Utryt, “es evidente que hay corrupción en Metrocali con la -UTR&T”.

“Han evadido el régimen de contratación estatal, han incumplido sus acuerdos de exclusividad con el transporte masivo, han ocultado qué se ha hecho con los recursos girados por la Nación para cubrir el déficit operacional y el torcido que hicieron en Bucaramanga entre otros negocios. La pregunta es: ¿qué ha pasado con los órganos de control para que guardaren silencio y no sancionen a nadie?”, señala el representante a la Cámara.

Contrario a lo que muchos pensarían, el incumplimiento de la Utryt y el que haya desconocido a Metrocali como ente rector del convenio, terminó mejorando la relación entre ambos.

Tanto así, que el 12 de noviembre del 2021, mientras tenían engañada a la ciudad con el argumento de que ya había iniciado el trámite ante la empresa Chubb Seguros Colombia S.A para que respondiera por las reparaciones, el Presidente de Metrocali firmó un convenio de asesoría, consultoría y acompañamiento al Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga y puso a la Utryt por delante.

Y aunque se suponía que el contrato a 12 meses tenía un costo de cero pesos, se acaba de conocer que pese a que el responsable es Metrocali, la empresa solo se ha ganado $804 millones en este tiempo, mientras la unión temporal de recaudo Utryt ha facturado más de $6.175 millones de pesos.

“A Metrolínea entró Utryt disfrazada de Metrocali”

El convenio interadministrativo que firmó Metrocali con Metrolínea para prestar los servicios de asesoría, consultoría y acompañamiento en la revisión del sistema de recaudo del transporte Masivo de Bucaramanga también ha sido objeto de cuestionamientos.

Entre ellos que la Utryt tenía un convenio para operar en Cali, no en otra ciudad del país; que por el convenio que le costaría cero pesos ($0) a la ciudad de Bucaramanga ya se han pagado más de $7.000 millones y que Metrocali fue solo una fachada para contratar a la Utryt evadiendo los principios de la Ley 80 y en medio de ley de garantías por elecciones.

Sin embargo, el 31 de enero del 2022, Metrocali y la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (Utryt) firmaron un contrato adicional para prestar el servicio pactado entre Metrocali y Metrolínea.

Carlos Parra, exconcejal de Bucaramanga y uno de los denunciantes del convenio entre Metrocali y Metrolínea, explica que en Bucaramanga “se acabó su contrato de recaudo, el sistema con el que se cobran las tarjetas en la entrada, entonces la gerente de Metrolínea empezó a buscar cómo suplir el servicio y llegó con Metrocali”.

“Cuando dijo que era la empresa que iba a suplir el servicio, empecé a investigar ese contrato y lo que encontré es que a pesar de que los papeles aparecía Metrocali, era una maniobra para poder contratar en ley de garantías a la Utryt, disfrazada de Metrocali”, dijo.

“En ese desarrollo, el que prestaba el servicio en realidad era la Utryt. Tanto así, que la gente tenía uniformes de Utryt y todo era Utryt, solo que utilizaron la personería jurídica de Metrocali para poder hacer un convenio interadministrativo y no un contrato estatal y eso es una maniobra perjudicial porque es una tercerización y por eso puse el denuncio en Fiscalía”, explicó el exconcejal bumangués.

En respuesta a las denuncias que se han presentado en Bucaramanga, el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, aseguró que “Metrocali es la dueña de la plataforma tecnológica y nosotros tenemos un operador tecnológico; decidimos en la ampliación de negocios poder explotar el tema de recaudo y tecnología porque tengo una solicitud del Ministerio de Transporte donde nos requieren para dar apoyo, y considero que nosotros debemos diversificar el negocio y estamos en capacidad de tener ingresos colaterales en otros escenarios como consultorías, asesorías, apoyos o en operación”.

Según Ortiz, “por no hacer eso, perdimos la oportunidad en Valledupar, en Ibagué, e inclusive en Transmilenio, donde querían que con nuestra tecnología les diéramos ese respaldo, pero por cuenta de estos escándalos de tipo político, porque son de tipo político, decide un concejal de Bucaramanga, incitado por una concejal de Cali en su momento, hacer una denuncia penal, la cual no ha surtido hasta ahora ningún efecto”.

Señaló el exconcejal bumangués que “Metrolínea es un desastre en todos los sentidos. La gerente dijo que con el contrato con Metrocali habría recaudo virtual y aquí no hay forma de comprar una tarjeta virtual; no hay nada de eso, y el sistema ha decaído en todas sus facetas, y una de ellas se puede ver en el recaudo. La gente no tiene dónde recargar las tarjetas y cada vez hay menos estaciones con puntos de recaudo, que era lo que iba a hacer Metrocali”.

Frente al tema de los ingresos, y que la Utryt haya recibido por este convenio más de $6.175 millones y Metrocali, el contratante, solo $804 millones, Óscar Javier Ortiz dijo que: “La operación tiene un costo y son costos operativos y yo respondo por lo que recaudó Metrocali y me parece importante que la entidad reciba cerca de $800 millones como ingreso colateral”.