Cali, una ciudad invadida: así crecen los asentamientos irregulares

8:20 a.m. del miércoles 29 de julio de 2020. A apenas cinco minutos en carro del centro comercial Chipichape, en el sector de Golondrinas, se escucha el sonido de un martillo: tas, tas, tas. Cinco obreros, todos con acento venezolano, levantan una edificación tan grande como un complejo de apartaestudios.

— ¿Tienen permisos para construir? – les pregunta el abogado César Augusto Lemos, asesor de despacho de la Alcaldía de Cali y quien lidera la Unidad Contra Invasiones. Nadie responde.

— ¿Quién los contrató? – insiste Lemos.

— El dueño, pero no vive aquí. Llevo una semana en la obra – se anima uno.

— ¿A dónde envían el agua de esta obra?, prosigue el abogado.

—A la quebrada.

Lemos se retira mientras comenta que Cali es una ciudad que ha sido invadida con la excusa de la pobreza, cuando en realidad hay grandes capitales detrás de este delito. Levantar un complejo de apartaestudios como el que se está construyendo en esta, la invasión conocida como La Betulia, en Golondrinas, al norte de la ciudad, es apenas un ejemplo.

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En el sector aseguran que los predios le pertenecen “a un señor” llamado Juan Carlos Ramírez, quien según un funcionario de la Unidad contra Invasiones está denunciado en la Fiscalía por urbanizar de manera ilegal.

La escena se repite en cada cuadra: casas en construcción de hasta tres pisos, locales comerciales, esquinas donde se ven montones de ladrillos, de arena, de cemento. A la vista no aparecen los contadores de los servicios públicos. En el cielo, en cambio, se observa una maraña de cables. Las conexiones de energía, como de agua, son fraudulentas.

Según las cuentas de César Lemos, el 55% del agua que trata Emcali le representa pérdidas a la empresa debido a esas conexiones irregulares. Algo similar ocurre con la energía eléctrica.

—En el caso de estas invasiones, La Betulia y Altos de Menga, sector de Golondrinas, se sigue el mismo modelo de Siloé: la montaña se va ocupando poco a poco, hacia lo alto. Altos de Menga comenzó en los 90 y mire donde va – señala Lemos hacia la cima del cerro. Lleva puesto un sombrero y unas botas de caucho.

— ¿Y por qué, si tienen el diagnóstico de lo que está ocurriendo, no actúan para detener estas invasiones?

— Porque el sistema no funciona. Para que la Unidad Contra Invasiones pueda intervenir se necesitan órdenes judiciales, y esos son procesos que tardan mucho tiempo. Es lo que ha sucedido durante los últimos 50 años. No es un problema de ahora. Y la institucionalidad no es operativa. Los corregidores muchas veces están maniatados en la zona rural. Hay corregidores que no tienen Internet ni siquiera. Y son tantas las invasiones, que se requeriría a todos los funcionarios del CAM recorriendo la ciudad para hacer control. Esto se le salió a Cali de las manos hace mucho y si no se actúa pronto, en 20 años el daño ambiental será tan grave que el suministro de agua se verá comprometido. Por eso desde la Alcaldía se está elaborando una política pública para el manejo de las invasiones.

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Según un cálculo oficial, en Cali existen 223 invasiones. El dato en todo caso no es confiable. No solo porque a diario aparecen nuevos asentamientos, sino porque aún no se cuenta con un sistema de información que permita cuantificar la ocupación y hacerle seguimiento.

El control de las invasiones, más allá de las acciones puntuales de los alcaldes de turno, no ha sido una prioridad para la ciudad.

En los días de la pandemia por el coronavirus el problema se ha agudizado. Con los recursos del Estado concentrados en garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, las invasiones proliferaron. En la Policía no existen estadísticas sobre los operativos que en teoría se deberían realizar para hacer cumplir el Artículo 81 del Código de Policía, que faculta a los agentes para impedir la ocupación de terrenos siempre y cuando no hayan transcurrido más de 48 horas.

— Hemos hecho operativos cuando lo solicita la Alcaldía – informaron desde la jefatura de prensa de la Policía.

Además existen otros actores que promueven las invasiones. Mafias, dueños de tierras que inicialmente eran consideradas lotes de engorde y que después fueron declaradas zonas de reserva forestal para garantizar el suministro de agua, por lo que no se puede desarrollar obra alguna.

Algunos propietarios de esas tierras ‘dejaron invadir’ a través de un tercero, una especie de testaferro que se encarga de vender los lotes.

— Sabemos que eso ha pasado. El problema es que no es tan fácil probarlo – comenta un funcionario de la Unidad Contra Invasiones.

También continúa una práctica añeja: invadir los predios donde el Estado va a desarrollar obras, para buscar una negociación a cambio de salir del terreno. Es lo que sucede con el corredor férreo, en el tramo ubicado detrás del Cementerio Metropolitano del Sur, en la vía Cali – Jamundí. Es el sitio donde pasará el Tren de Cercanías, que conectaría a Jamundí con Cali, Yumbo y Palmira. Allí ya habitan 40 familias.

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12:09 del miércoles 29 de julio de 2020. Orlides Díaz levanta una casa en guadua en el corredor férreo. Colgada de un cerco hay una lona con un mensaje impreso a color que dice: “Bosques de Cercanías. Reconocemos que estas tierras son del Estado, sabemos que no podemos iniciar ninguna acción legal para que nos prescriban a nuestro favor estas tierras, demandamos del Estado atención para las familias que conforman esta Asociación de personas integrada por madres cabeza de familia, campesinos que no tenemos tierras para trabajar”.

Orlides explica que la comunidad decidió llamar a este tramo del corredor férreo ‘Bosques de Cercanías’ “por el verdugo que nos puede sacar, el Tren”. Si están allí, agrega, en casas de guadua donde no hay energía ni agua potable, “solo zancudos”, y donde los niños se enferman con frecuencia, es por la necesidad de vivienda.

— Si hubiéramos tenido las oportunidades de estudio y de trabajo, créame que nadie estuviera aquí. Pero no las tuvimos – comenta Orlides, como recordando que detrás de las invasiones también se oculta la exclusión, la inequidad, un drama humano que muchos no imaginan, no comprenden. Colombia sigue siendo un país de personas desplazadas por la violencia y Cali, una de las ciudades receptoras. El 45% de los hogares de la ciudad se ubican en lo que los expertos llaman ‘asentamientos humanos precarios’; algo así como 300 mil familias; 2000 hectáreas invadidas. Aunque seguro todo lo anterior debe ser mucho más. Son las cifras más recientes, y corresponden a 2017.

Orlides asegura ser jardinero independiente. A veces trabaja embelleciendo tumbas en el Cementerio Metropolitano del Sur. Alguna vez pagó arriendo en Terranova, pero, explica, el dinero dejó de alcanzarle. En 2008 llegó al corredor férreo.

—Vi la zona deshabitada y me quedé. Solo. Tengo una esposa y una niña que están en el Cauca. Acá, pese a que no hay ni luz ni agua, se vive bien. Para nosotros esto es un paraíso. Es una vida romántica de alguna manera. Sobre todo en las noches. La diversión es el juego de sapo que montó un vecino. Aunque sabemos que no podemos estar aquí. No queremos generarle problemas al Estado. Lo único que pedimos es un diálogo y que nos den una oportunidad, una opción, para salir.

En el corredor férreo hay tránsito de volquetas con escombros que son usados para rellenar la tierra. También se ve gente con madera al hombro. Más adelante, al fondo del corredor, tras una reja, y como si se tratara de propiedad privada, hay una pesebrera. La zona me recuerda al jarillón del río Cauca, cuando permanecía completamente ocupado. Con la diferencia de que en el recorrido por lo que alguna vez fue la carrilera se observan cercos de grandes empresas y terratenientes.

— En Cali invade gente de todos los estratos – recuerda César Lemos, de la Unidad Contra Invasiones.

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9:03 a.m. En el Ecoparque Bataclán, a apenas un par de minutos de la Avenida Sexta, un hombre construye un baño en medio de los árboles. Entre la maleza se camuflan casas de concreto que en teoría no deberían estar ahí. El ecoparque es un territorio de conservación.

Un ‘vecino’ de la zona de camisa roja y chanclas asegura que los terrenos son privados, que le pertenecen a Benito López, que es el municipio el que está invadiendo. En el sitio se solicitan las coordenadas del lugar.

Según la información oficial, se trata de un área considerada protectora del recurso hídrico. El hombre en chanclas asegura ofuscado que Bataclán no es ningún ecoparque. “Esto es un barrio”.

9:25 a.m. En el corregimiento de Los Andes, camino al sector Mónaco, por los lados de Cristo Rey, construyen una cancha de tenis. Pese a que la obra ya fue suspendida por no tener los permisos necesarios, el encargado se defiende. Dice que la licencia de construcción “está en trámite”. Los funcionarios de la Unidad contra Invasiones le repiten que está sobre un área donde no puede construir, y denuncian el reinicio de los trabajos.

9:47 a.m. En el corregimiento de Montebello se sigue construyendo lo que parece ser una urbanización de casas de lujo. En la entrada hay avisos que dicen: “propiedad privada”. Pese a que se han hecho visitas con la Policía, con el corregidor, con el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, la obra está casi lista. Se encuentra sobre un predio considerado de conservación. Afuera trabaja un jardinero venezolano.

Quienes disponen de grandes capitales para construir en terrenos prohibidos utilizan mano de obra migrante.

11:00 a.m. En el sector Mónaco, inmediaciones de Cristo Rey, de a poco crece una especie de barrio levantado en terrenos de invasión. Las casas están hechas de guadua y techos de lata. Pertenecen a comunidades indígenas que aseguran ser desplazadas del Chocó y el Cauca.

Un residente de la zona comenta que en la comunidad “sabemos que los terrenos pertenecen al municipio”, y sin embargo algunos vecinos compraron “derechos de posesión”. También asegura que a veces llegan “vivos” con escrituras falsas asegurando que son los dueños para lotear los terrenos.

2:00 p.m. En el sector de La Viga, en Pance, aún hay cambuches de 22 familias, entre campesinas e indígenas del cabildo DXI'J PHA' DENA (‘Abriendo caminos de Pance’).

Alonso Guachetá, quien se presenta como integrante del equipo jurídico del cabildo, pide hacer algunas aclaraciones. La comunidad que vive ahí, asegura, no llegó como muchos han dicho: durante la pandemia. “Acá vive gente desde hace 35 años”.

También asegura que algunos son compradores de buena fe. Si la guardia indígena tiene una vara de control de ingreso en su sector, continúa, es para proteger a su gente. A veces llegan grupos de ciclistas sin las medidas de bioseguridad, lo que los podría poner en riesgo por el coronavirus.

Y pese a que perdieron una tutela que impusieron tras el intento de desalojo que adelantaron las autoridades hace unas semanas, Alonso comenta que continúan abiertos al diálogo.

Eso sí, hace una advertencia: “si nos atacan, como sucedió en el desalojo, nos defenderemos. Esa vez no hicimos nada porque esperábamos que se dieran cuenta del error que estaban cometiendo. Pero si vuelve a pasar tenemos que defendernos. Como lo dijo el Consejo Regional Indígena del Cauca, si a Pance hay que mandarle ayuda del Chocó, del Cauca, para hacer respetar sus derechos, lo hacemos”.

Antes de finalizar, pidió entregarle un mensaje al Alcalde: “que no nos siga estigmatizando como ilegales. Nos está poniendo en riesgo. Son pronunciamientos hechos desde el desconocimiento. Las declaraciones de Jorge Iván Ospina provocan que otros actores ataquen a nuestros líderes. Y a él lo acompañamos en campaña, durante la huelga de hambre”.

El Alcalde lo ha repetido en varias ocasiones: “no se permitirá la invasión en la ribera del río Pance”.

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El abogado César Lemos suspira agotado y se pregunta: ¿cómo estar al mismo tiempo en todos los costados de la ciudad donde proliferan las invasiones?; ¿cómo hacer un control efectivo de un problema de tal magnitud y complejidad?

La Alcaldía, explica enseguida, ha tomado algunas decisiones. Entre ellas se le ordenó a cada secretario fortalecer la Unidad contra Invasiones con recursos, tecnología y personal.

También se está elaborando una política pública con dos frentes de trabajo. El primero consiste en formalizar los asentamientos donde sea posible hacerlo. Aquellos que no están ubicados en zonas de alto riesgo. El otro frente es el de contención: prevenir el surgimiento de nuevas invasiones. De lo contrario, está seguro Lemos, en un par de décadas Cali podría verse como un gran tugurio.