Superindustria formula pliego de cargos contra sociedad portuaria de Buenaventura

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió pliego de cargos con la Sociedad Portuaria de Buenaventura, por realizar actividades que conllevaron a obstruir la actividad de los operadores portuarios.

De acuerdo con la Superindustria, se busca determinar si implementó “un sistema anticompetitivo orientado a impedir y dificultar la prestación de los servicios de operación portuaria que realizan los diferentes agentes en el Puerto de Buenaventura, infringiendo la prohibición general del régimen de competencia prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959”.

Por esta situación se imputaron cargos a cuatro personas naturales vinculadas a la Sociedad Portuaria de Buenaventura, quienes “presuntamente habrían facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado y/o tolerado la infracción por la cual se investiga a la sociedad".

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Se trata de Víctor Julio González Riascos, exrepresentante legal y exgerente general de la misma; Fernando Arturo Aulestia Marín, gestor comercial de la sociedad; Jorge Andrés Gallegos Collazos, exgerente comercial y Marco Antonio Vacca García, jefe de planeación y operación terrestre senior de Sociedad Portuaria.

Recordó la Superindustria que la investigación se inició luego de que recibiera varias quejas presentadas por operadores portuarios, agencias de aduanas y usuarios del Puerto de Buenaventura, así como por algunas autoridades como la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“En el marco de la actuación administrativa la Superintendencia evidenció que, por lo menos desde 2013, SPRBUN habría aprovechado su rol como administrador de la infraestructura del Puerto de Buenaventura, para así implementar un conjunto de comportamientos y estrategias que le permitieran incrementar indebidamente su participación y la de sus empresas afiliadas (ZELSA y TECSA) en las actividades de operación portuaria que se prestan al interior del puerto”.

Se precisa que esa estrategia habría afectado a los usuarios y operadores del Puerto de Buenaventura, los cuales se vieron sometidos a restricciones para la movilización de contenedores, obstáculos para realizar el manejo de la carga y el doble cobro de algunos servicios portuarios (pesaje), entre otras afectaciones.