Política
“No podemos tener una política de paz distinta para cada actor, sino una sola política para todos los actores”, dice el nuevo Comisionado de Paz
Otty Patiño explica los parámetros que seguirá para buscar la Paz Total prometida por el presidente Gustavo Petro.
Por Olga Lucía Criollo, Editora Política de El País
“Creo que hay que mirar más territorios, que actores. Me explico, en un solo territorio acuden varios actores, de tal manera que no es posible hacer la paz con un solo actor, sino se hace, no entendida como negociación, sino como implantación del Estado Social y de Derecho en esos territorios”.
Así se expresa Otty Patiño, el nuevo alto comisionado de Paz, con respecto al giro que le dará a esa dependencia del Gobierno Nacional, luego de que el presidente Gustavo Petro lo nombrara en reemplazo de Danilo Rueda.
¿Cómo espera ‘venderle’ a los colombianos la Paz Total?
Yo creo que la Política de Paz Total, primero que todo, es una buena política. Es un enunciado muy importante, porque superar la violencia en Colombia requiere una política mucho más integral y eso significa cubrir bastante aspectos que generan violencia, abandono del Estado, situación de extrema pobreza de algunas regiones y, desde luego, la acción que sobre esas poblaciones abandonadas ejercen los actores armados. Solucionar esos temas de manera integral y, al mismo tiempo, disuadir a esos actores armados de que no ejerzan esa presión y ese dominio territorial, es muy importante. Con algunos se logrará conversando, convenciendo y con otros disuadiendo. Esperamos que, ojalá con todos sea convenciendo, pero el Estado no puede renunciar al uso de la fuerza justa y aplicada de manera justa, de tal manera que no haga más daño que el que de antemano tenían y mucho menos que le haga daño a las comunidades sobre las cuales se aplica esa fuerza. De tal manera que la Paz Total es un tema de concepción, pero también de método, y tiene como objetivo lograr que en ninguna parte del territorio y menos en esos por décadas y hasta siglos abandonados, reine ningún actor ilegal.
¿Con qué grupos armados se van a priorizar las conversaciones o los acercamientos?
Creo que hay que mirar más territorios, que actores. Me explico, en un solo territorio acuden varios actores, de tal manera que no es posible hacer la paz con un solo actor, sino se hace, no entendida como negociación, sino como implantación del Estado Social y de Derecho en esos territorios. Como le decía, con algunos se hará con un método y con otros con otros, pero lo importante es que el Estado haga presencia integral, no solo a través de la fuerza, sino a través de solucionar las necesidades básicas de la gente, que es muy importante. Entonces, eso es lo nuevo que va a tener el proceso paz, el proceso de territorialización. Ya ha habido una exploración, midiendo la buena voluntad de los actores que inciden sobre esos territorios, pero vamos a entrar en una nueva fase, y es mirar más a las comunidades que habitan esos territorios y a los gobiernos locales que a los actores ilegales, aunque, desde luego, es muy importante mirarlos, para convencer a los que ya piensan participar en las transformaciones de esos territorios y disuadir a los que puedan estar en contra de lo que el Gobierno pretende, que es llevar beneficios de seguridad y de restauración de derechos y libertades a esos territorios. Nuestros principales aliados en esos territorios van a ser las comunidades.
¿Y se van a priorizar los territorios del país más afectados por la violencia y la confluencia de varios de esos actores?
Sí, vamos a tener unos criterios, por supuesto: dónde haya más fuerza de las comunidades y más voluntad de cambio por parte de ellas, también la voluntad que tengan actores ilegales y la comprensión de la Fuerza Pública para ayudar a transitar a la instauración del Estado Social de Derecho.
¿Allí estaría incluido el departamento del Cauca?
En el suroccidente está Nariño, donde creemos que hay unas condiciones interesantes. El Cauca hay que mirarlo en sus pequeñas regiones, es un departamento complejo no solo por su geografía, sino también por la tradición de sus luchas y por la fortaleza que tienen muchas comunidades y organizaciones de las etnias, por ejemplo el Cric, tiene una lucha larga y un grado institucionalidad muy fuerte. Creo que esa alianza entre el Estado y los poderes regionales que quieren instaurar ese Estado Social de Derecho es básico en el Cauca. Allá no podemos ir pensando solamente en que tenemos como músculo el Estado nacional, tenemos que tener la fuerza de las comunidades y de los gobiernos locales y departamentales y, desde luego, de los gobiernos de las comunidades que hace rato ejercen una manera autónoma que no es suficiente para contener la voracidad o el afán de dominio de actores ilegales que imponen o expanden las economías ilegales en esos territorios, generando y perpetuando una situación de violencia.
¿O sea que habrá un giro en la política de paz del Gobierno?
Yo creo que el trabajo que ha hecho el Alto Comisionado y con él toda la Consejería de Paz es muy importante. Sin ese conocimiento es casi imposible emprender una nueva fase. Esta no es una fase de rectificación, sino de desarrollo de lo que se ha hecho. No pensemos que se va a hacer borrón y cuenta nueva, sino que se va a trabajar sobre lo ya construido y sobre todo con el conocimiento acumulado, con los compromisos y las expectativas que se han venido generando. Intentaremos no defraudar a nadie de lo que ya se ha hecho, porque frente a un paradigma negativo que hay de un Estado incumplidor, nosotros no podemos avanzar más si en las comunidades la gente no recupera la confianza en el Estado y también la confianza en sí misma, es decir, la gente puede ser protagonista de la construcción de paz, y también sobre la expresa voluntad que han tenido algunos armados de participar en la transformación de esos territorios para convertirlos en territorios de paz y de convivencia de una manera duradera y donde además de sobrepasar los niveles de miseria se puedan establecer buenas relaciones con la naturaleza en partes donde, debido a muchas circunstancias, la gente todavía lucha contra la naturaleza como si ella fuera un enemigo.
¿Usted seguirá siendo el jefe de la delegación para el diálogo con el ELN?
La idea es que en un tiempo relativamente pronto se nombre una persona que asuma la jefatura de la delegación de los diálogos con el ELN, pero mientras tanto tocará trabajar en ambos procesos. La experiencia que se ha adquirido en el desarrollo de los acuerdos con el ELN puede ser aportada para el desarrollo del otro proceso y viceversa. No podemos tener una política de paz distinta para cada actor, tenemos que tener una sola política para todos los actores. Ejemplo, si vamos a trabajar con el ELN la proscripción del secuestro, esa política tiene que ser extendida a todos los actores. No vamos a tener varias políticas según los actores y los territorios. Tiene que ser una política nacional, que ojalá repercuta sobre el alma nacional, para que quien esté pensando que puede enriquecerse o sobrevivir con el secuestro, deseche esa práctica, porque es inviable y las estructuras que generan esa economía criminal ya den un paso a la posibilidad de transformación en otro tipo de razón de ser de la gente, que alimente la convivencia y la buena relación entre las personas.
¿Pero cuáles serían las prioridades sobre la implementación del Acuerdo de La Habana?
La prioridad número uno es la protección de la vida de los firmantes. Ya hablé con Rodrigo Londoño, a quienes algunos conocen como Timochenko, que estuvo a cargo de ese proceso y hoy preside el Partido Comunes, y le manifesté ese compromiso y esa preocupación, y quedamos de empezar a construir una estrategia que impida que la muerte de los firmantes se siga desarrollando en este país, porque es fundamental cuidar la vida de la gente que hace la paz.
Sobre la reforma agraria integral, desde el primer día el Gobierno Nacional ha implementado una política para el cumplimiento de ese Acuerdo, ya que es una necesidad no solo como producto del Acuerdo con las Farc sino una necesidad nacional: el campo debe redimirse, porque por su abandono es que florece la violencia en las áreas rurales. Y están los Pdet, que son los programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y los Pnis, que tienen que ver con sustitución de cultivos pero tenemos un problema y grave y es que por el no cumplimiento durante siete años de ellos ha hecho que la gente se decepcione del Estado y afirme su creencia de que el Estado incumple, entonces hay que empezar a cumplir.
Pero en esas zonas las cuestiones cambiaron para peor, porque el incumplimiento del Estado hace que la gente, en la necesidad de supervivencia, se vuelva otra vez funcional a las economías ilegales y los actores ilegales se fortalezcan de nuevo en esos territorios, de tal manera que la situación que había hace siete años ya no es la misma y los esfuerzos por recuperar ese tiempo perdido van a ser inmensos, porque salir de un estado de decepción es muy complicado y la fuerza que han adquirido esas economías ilegales y los elementos de violencia que están transcurriendo ahí son más fuertes que los que habían hace siete años.
¿Qué va a pasar con el cese el fuego pactado con el Estado Mayor Central?
Al cese el fuego se le dio una importancia capital. Se hace un cese para ir dialogando y seguir construyendo acuerdos. El cese al fuego en sí mismo no tiene ninguna validez, si solo sirve para un fortalecimiento de un actor ilegal pues indudablemente no es útil para la construcción de paz. Es decir, defender el cese el fuego sin que se profundicen los elementos de ataque a las comunidades y la reconversión de economías ilegales se convierte en un amarre a las instituciones para evitar que combatan esas economías ilegales o para que protejan a la población. Entonces, hay que revaluar el sentido que tiene el cese el fuego, no como un absoluto, sino como un elemento que puede ayudar al fortalecimiento de las comunidades y de la superación de la violencia y a la transformación de los territorios, pero el cese el fuego en sí mismo no tendría razón de ser, sea temporal o por más meses, hay que mirarlo desde esa perspectiva.
¿Qué expectativas tiene sobre el nuevo ciclo de conversaciones con el ELN?
No hubo la reunión, porque el ELN no quiso o no pudo hacerla, y el tema fundamental que estaba planteado para ella era el secuestro. El ELN puso unas cartas encima de la mesa, en el sentido de que iban a mantener la práctica del secuestro, porque les parecía que no violaba el Derecho Internacional Humanitario y por lo tanto no violaba la tregua y, por otro lado, sostenían que era una de las maneras de recibir finanzas para la manutención de sus militantes y que hasta tanto no se les solucionara esa manutención, pues iban a seguir secuestrando, lo cual es un chantaje a la institucionalidad y la comunidad internacional lo rechaza de plano, lo mismo que el Estado colombiano, y con respecto a si es violatorio o no del DIH, por supuesto que sí, así ellos interpreten que en ninguna parte del DIH figura la palabra secuestro, pero hay otras, es un tema semántico, que tienen la misma significación, sobre todo si se vuelven sistemáticas, como ha planteado el ELN la toma de rehenes, que es secuestro en términos jurídicos aquí en Colombia. Entonces, traducir toma sistemática de rehenes = secuestro, es una tarea, para que ellos entiendan que esa práctica es violatoria del cese el fuego e intolerante para una comunidad nacional que hace rato está mirando que todos los procesos de paz no es posible desarrollarlos en la medida en que esa práctica no solo se mantiene, sino que pretende ser legitimada por los comandantes del ELN.