Montealegre defendió el decretazo de Petro y tildó de “disparate” las denuncias: “No hay ningún prevaricato”

En medio del agitado clima político que ha generado la convocatoria a una consulta popular mediante decreto, el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, salió al paso de las críticas y denuncias contra el presidente Gustavo Petro, asegurando que se trata de un procedimiento legal, respaldado por la Constitución Política.

Montealegre calificó como un “disparate total” las afirmaciones que acusan al mandatario de incurrir en prevaricato por desconocer el resultado de la votación en el Senado.

Durante una rueda de prensa, el exfiscal general arremetió directamente contra Alfonso Gómez Méndez, también exfiscal y exministro de Justicia, quien había advertido en un foro académico que el llamado “decretazo” constituía una vulneración al orden constitucional.

“Es una afirmación temeraria porque el señor Gómez Méndez no se ha leído ni siquiera el decreto. Está anunciando que hay un prevaricato cuando no hay ningún fundamento legal. Es una afirmación totalmente falsa, es un disparate total”, expresó Montealegre, defendiendo con firmeza el proceder del Ejecutivo.

El ministro designado enfatizó que no existe ningún tipo penal que se pueda aplicar al acto presidencial, ya que la excepción de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 4 de la Constitución, habilita al Presidente de la República para inaplicar normas o decisiones que, a su juicio, contraríen la Carta Magna.

“El presidente puede darle prevalencia a la Constitución sobre actos de inferior jerarquía. Tiene la capacidad y las facultades para corregir actos que considere inconstitucionales. Hay una carga argumentativa detrás del decreto”, explicó Montealegre, quien ha sido señalado como uno de los arquitectos jurídicos detrás del documento.

Además, aseguró que en el proceso previo a la expedición del decreto se habría intentado generar un ambiente de temor entre los ministros, con amenazas de demandas penales para evitar que estos firmaran el documento.

“Desde hace días se quiso sembrar miedo para que los ministros no firmaran. Amenazas de penalistas irresponsables que no leyeron el decreto y que pretendían intimidar al gabinete”, declaró, mientras espera formalizar su posesión ante el cargo de ministro.

Montealegre también defendió la decisión de radicar el decreto ante la Corte Constitucional, insistiendo en que esta acción busca proteger el principio de soberanía popular y la posibilidad de que los ciudadanos decidan sobre asuntos trascendentales como la reforma laboral.

En su argumentación, el jurista sostuvo que el Senado vulneró la Constitución al rechazar la propuesta de consulta sin agotar correctamente los procedimientos legislativos, y que en consecuencia, el Presidente estaba habilitado para actuar por la vía administrativa.

“El Senado, al hundir la consulta, vulneró la Constitución. El Presidente aplica la excepción y eso lo faculta para decretar la consulta popular”, reafirmó Montealegre, quien reiteró que no hay base legal alguna para acusar penalmente al mandatario.