Minjusticia, Eduardo Montealegre, insiste en la constituyente: “Se puede convocar a partir del Acuerdo de Paz”

Cuando ya parecía superada la controversia por la consulta popular, el Gobierno Petro hizo otra propuesta que provocó el temor de la oposición: cambiar la Constitución de 1991 a través de una asamblea nacional constituyente.

Detrás del sustento jurídico de ambas propuestas está el exmagistrado y exfiscal general de la Nación Eduardo Montealegre, que llegó al Ministerio de Justicia a defender desde la Casa de Nariño esta última iniciativa.

Él, quien se ha ganado críticas de antiguos colegas por sus teorías jurídicas, que califican de insólitas, habló con Colprensa y aseguró que la Carta Política tiene contenidos que se oponen al cambio social y a la efectividad de los derechos que consagra.

¿Colombia sí necesita una nueva Constitución Política?

La Constitución de 1991 es una de las mejores de Hispanoamérica. Se caracteriza por tener una carta de derechos fundamentales y sociales muy avanzada. Sin embargo, existe una distancia, un abismo, entre la teoría y la práctica. Si bien es una gran carta de derechos, la realidad nos muestra otra cosa.

Mientras la Carta Política de Colombia consagra como principio y valor fundamental el derecho a la paz, estamos viendo un incremento desmesurado de la violencia. Pero, además, vemos que el cumplimiento de lo que es el Estado social y democrático de derecho no se ha podido realizar. Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo.

Entonces, necesitamos un rediseño constitucional, para acercar más la Constitución a la realidad social colombiana, porque, aunque es excelente, institucionalmente tiene diseños que realmente se oponen al cambio social y a la efectividad de esos derechos que consagra. De lo que se trata es de acercar la Constitución a la realidad y convertirla en un mecanismo que contribuya a la transformación social. Esa es la esencia de la constituyente que se quiere.

¿Y por qué promover ese cambio a través de una constituyente, saltándose al Congreso?

De acuerdo con la Constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho, una república democrática, participativa y pluralista, y la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. No se trata de saltarse a nadie, se trata de reconocer el principio fundante de soberanía popular y materializar esa voluntad a través de un mecanismo de democracia participativa, todo acorde con lo previsto por la Carta Política, desde una interpretación que reconoce un hecho político y lo canaliza a través de una interpretación que maximiza la voluntad popular.

La única fuente para convocar una asamblea nacional no es la ordinaria, la cual está prevista en la Constitución y exige una ley expedida por el Congreso. También se puede convocar a partir de los Acuerdos de La Habana, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad, o de una iniciativa ciudadana, que no requiere ir al Congreso.

Pero varios sectores insisten en que nunca se acordó una constituyente. ¿De dónde saca que el Acuerdo de Paz la ordenó?

Se trataría de un desarrollo del concepto de un gran acuerdo nacional, y, desde la interpretación jurídica, es claro que las normas van más allá de la intención de sus autores.

El presidente Petro ha dicho que la constituyente se va a convocar con una papeleta, pero este mecanismo ya no se usa en las elecciones...

Los mecanismos de expresión de la voluntad popular en momentos de cambio constitucional no han sido, ni mucho menos, ortodoxos. Así se dio origen a la Constitución vigente. No existe límite alguno a las modalidades de manifestación de la voluntad popular, y tampoco existe autoridad facultada a desconocerla. Por lo tanto, el mecanismo que decida el pueblo habrá de ser tomado en cuenta, no puede ser silenciado.

Es probable que, si se incluye la papeleta en las próximas elecciones, el Registrador no la cuente. ¿Qué haría el Gobierno?

No es posible prever ese tipo de situaciones. La voluntad popular y la manifestación de su soberanía suele exceder cualquier previsión. Reitero que ninguna autoridad puede desconocer el llamado del pueblo, no solo legalmente, pues la Constitución es clara, sino que fácticamente se impone el hecho político.

No podemos olvidar que la legitimidad de las instituciones descansa en el cumplimiento de las funciones que la Carta les asigna, y entre ellas debe garantizarse la soberanía popular. Se trata de un hecho político en el que la misma ciudadanía asume ese escrutinio.

Algunos sectores afirman que cambiar la Constitución sería una estrategia para presionar al Congreso para la aprobación de los proyectos del Gobierno. ¿Qué responde ante ello?

Es una interpretación muy enredada de una situación tan clara como la voluntad popular. Es deber del Gobierno, elegido por el pueblo, escucharlo y atender sus demandas e inquietudes. En este caso, se está tratando de canalizar ese llamado por las vías institucionales establecidas por la Constitución.

¿La constituyente tendría la potestad de regresar a la reelección presidencial inmediata?

Como lo establece la normativa estatutaria, la competencia de la asamblea habrá de ser definida en su momento, y esa definición determinará sus potestades.

Tras lo que pasó en La Alpujarra, algunos sectores denuncian intenciones del Gobierno de querer abrirle la puerta política a grupos criminales...

Nuevamente, se trata de comprensiones extremas ante situaciones puntuales. Hay múltiples asuntos y procesos que atiende el Gobierno, según sus competencias, en diferentes escenarios y materias. Este tipo de afirmaciones desconoce esas distinciones y pretende meter todo en una sola bolsa, a pesar de que se trata de asuntos diversos. En lo que se refiere a estructuras al margen de la ley, que no forman parte de la insurgencia, tendrán que cumplir penas privativas de la libertad y eso implica, como pena accesoria, que esas personas no pueden participar en política.