¿Hasta dónde puede llegar la radicalización de Petro para aprobar sus reformas? Análisis

¿Hasta dónde puede radicalizarse el presidente Gustavo Petro para sacar adelante sus reformas? Esa es la pregunta que muchos colombianos han expresado por estos días, ante la incertidumbre generada por el Mandatario, quien parece querer aprobar sus proyectos bajo cualquier circunstancia.

Lo cierto es que, a diferencia del sector oficialista tanto en el Congreso como en el Gobierno, son varias las bancadas, los gremios y los mandatarios locales que han rechazado que Petro quiera vulnerar la división de poderes y amenace al país con “enormes movilizaciones”.

Sobre lo que viene para el Ejecutivo, el consultor político Álvaro Benedetti advierte que “lo más probable es que el Presidente intensifique su estrategia para avanzar en las reformas. El llamado a mecanismos como la consulta popular sugiere que, ante los bloqueos del Congreso, buscará una mayor movilización ciudadana como herramienta de presión o incluso el uso de decretos ejecutivos dentro de los límites constitucionales, muy a sabiendas de que la Corte Constitucional podrá actuar en segunda instancia”.

La politóloga María Alejandra Arboleda explica que la narrativa que está teniendo el Jefe de Estado no solo intenta polarizar aún más el país, sino que se centra en “debilitar las instituciones democráticas a través de un discurso que deslegitima a quienes se oponen a su proyecto político, bien sean congresistas, la Justicia, el sector privado o incluso los medios de comunicación. Lo que hace Petro es que convierte la movilización ciudadana en un mecanismo para presionar a los poderes públicos, presentándose como el único actor legítimo para interpretar la voluntad popular”.

De hecho, el argumento en el que ha insistido la Casa de Nariño para convocar la consulta popular es que hay “un bloqueo institucional contra el voto popular”, porque el Senado hundió virtualmente la reforma laboral.

Eso ha sido reiterado también por el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien se le va a citar a moción de censura luego de que intimidó a los congresistas que no están de acuerdo con la aprobación de las iniciativas sociales del Gobierno. “Vamos a ver quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley”, dijo.

Para el analista y consultor político Germán González, la radicalización, combinada con un tono confrontativo, no es un recurso nuevo en el Mandatario y de hecho “es un terreno en el que se siente cómodo, porque le permite movilizar sus bases electorales más duras, mientras tensiona la relación con otras instituciones”.

Sin embargo, anota que “esa radicalización tiene límites institucionales y políticos, porque está condicionada a tener apoyo mayoritario en el Congreso, un respaldo considerable del pueblo en las calles y el espaldarazo de la Corte Constitucional, que revisa la constitucionalidad de sus actos”.

Además, en opinión de Carlos Charry, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, es poco probable que por los tiempos y la coyuntura política que se está viviendo, se llegue a realizar esa consulta popular, “cuyo mandato de todas maneras deberá ser interpretado, analizado y ejecutado por el Congreso. Entonces, es como darle la vuelta al problema para volver al mismo punto”.

Comenta que es “es posible que el Presidente llegue a radicalizarse y esa radicalización consista en que empiece a tomar medidas bajo decreto, que muy probablemente terminen siendo derogadas por el estudio de la Corte Constitucional”.

Efectivamente, el alto tribunal debe vigilar todo el proceso de la consulta y evaluar el alcance de las preguntas presentadas a los colombianos. Además, constitucionalistas han advertido que ese no es el mecanismo adecuado para que se avalen las reformas del Gobierno.

¿Cuál es la percepción ciudadana?

Los analistas coinciden en que hay una sensación de preocupación, miedo y sobre todo confusión por parte de la ciudadanía, al ver tantas confrontaciones entre el Jefe de Estado y diferentes sectores del país, a propósito de la aprobación o no de iniciativas como la laboral o la de salud.

“Las personas buscan estabilidad, líderes que les mejoren sus condiciones de vida, que les den soluciones concretas a sus problemas, como el desempleo, la inseguridad o el alto costo de vida. Sin embargo, que un líder salga con discursos tan fuertes e incluso con simbolismos tan violentos como los que utiliza Petro y su insistencia en la movilización, genera incertidumbre y temor de que el país vuelva a vivir lo que ocurrió en el 2021 con el paro nacional, que fue un completo caos”, menciona Arboleda.

No obstante, también se dice que por el momento las opiniones de los colombianos siguen muy polarizadas y aún hay un sector del país que considera que el Presidente está en lo correcto, por ejemplo, en cuanto al impacto que tendrán sus reformas.

“La percepción del ciudadano por ahora sigue siendo dividida. Creo que cada vez hay menos personas que creen en el proyecto Petro, pero todavía tiene un halo importante de seguidores fieles que ven en sus acciones una respuesta legítima a los ‘bloqueos’ que enfrenta la agenda del Gobierno en el Congreso, y se interpreta como un esfuerzo por cumplir el mandato de cambio que respaldaba al Mandatario en las urnas”, indica Benedetti.

Por ello, Charry dice que los políticos deberían pensar más en el ciudadano de a pie, “que no tiene el conocimiento en profundidad de los decretos, las leyes o las disposiciones constitucionales, porque algunos creerán que el Jefe de Estado está en lo cierto, bajo la justificación de que la reforma laboral va a devolver las horas extra, el pago de dominicales y festivos y reducir la jornada laboral, pero otro grupo considera que las condiciones de empleabilidad del país muy seguramente se van a ver afectadas, especialmente los empresarios de clase media, que son los que representan casi el 75 % del empleo formal del país”.

De otro lado, González señala que las amenazas y los anuncios de Gustavo Petro cada vez pierden más la capacidad de marcar una ruptura y generar sorpresa entre la ciudadanía, porque es un estilo que ya se le ha conocido a este Gobierno en otros momentos.

“Esta es una Administración que negocia con el puño cerrado, pero también con la mano abierta. Dicho de otra forma, es una estrategia de ‘zanahoria y garrote’. Por eso es que las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo son tan cambiantes de una semana a otra”, añade el analista.

Charry asegura que si el Presidente sometiera a una votación en este momento la reforma laboral, su imagen no daría para alcanzar los votos necesarios, debido al profundo desgaste que ha venido teniendo, “dadas las polémicas que se han gestado desde el decreto de conmoción interior en el Catatumbo, la pelea con Donald Trump y el consejo de ministros, en donde se ha mostrado como una persona que, en vez de lograr soluciones efectivas, genera polémica, discusión, enfrentamientos y discusiones”.

Coincide Arboleda en que es evidente que a este punto la imagen del Mandatario llega desgastada: “Su Gobierno ha estado marcado por escándalos de corrupción, crisis de gobernabilidad, cambios constantes en su gabinete, falta de ejecución e incapacidad para concretar sus promesas de campaña. La desaprobación del Presidente ha alcanzado niveles críticos y, en ese escenario, en vez de corregir el rumbo y mostrar que logra tener gestión, su estrategia es recurrir a la movilización y a discursos violentos”.

El analista Benedetti anota que “lo más probable, más allá del llamado a la calle, es que, en la medida en que no se vean resultados concretos, su gobernabilidad y gestión siga aumentando en desaprobación”.