Federico Gutiérrez critica fuertemente decisión de Petro de convocar consulta por decreto; “grave precedente”

Durante una alocución televisada el pasado 3 de junio, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará una consulta popular por decreto para avanzar con su reforma laboral. La decisión, inédita en este contexto político, ha desatado una oleada de reacciones y ha encendido las alarmas en diferentes sectores institucionales.

Una de las respuestas más tajantes provino del alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, quien tildó la medida como una “ruptura institucional”.

 A través de sus redes sociales, Gutiérrez acusó al mandatario de querer concentrar el poder y romper el equilibrio democrático consagrado en la Constitución de 1991.

El trasfondo de esta controversia se remonta al rechazo que sufrió la reforma laboral en la plenaria del Senado el pasado 14 de mayo. Aunque la iniciativa había sido respaldada por la Comisión Séptima, la plenaria le cerró el paso con una votación ajustada, lo que según Petro dejó estancado el debate legislativo.

El presidente aseguró que la consulta fue bloqueada de manera irregular y que el Congreso no respetó los trámites establecidos por la Ley 5 de 1992. Por esa razón, argumentó que proceder por decreto sería una forma válida de acudir al pueblo como máxima instancia de decisión.

Desde su posición como mandatario local, Gutiérrez respondió con preocupación. Dijo que este tipo de decisiones “abren la puerta al autoritarismo” y que el país no puede tolerar que el Ejecutivo intente legislar por fuera del marco constitucional. En su mensaje, pidió a la ciudadanía y a las instituciones del Estado “rodear las instituciones” y mantener la separación de poderes.

El presidente Petro, por su parte, insistió en que la soberanía reside en el pueblo y que este tiene derecho a pronunciarse directamente sobre temas de impacto nacional. Indicó que el Congreso está “saboteando” el avance de reformas necesarias, y que el decreto permitiría sortear ese bloqueo.

Juristas y constitucionalistas han señalado que una convocatoria de esta magnitud no puede obviar los trámites establecidos. Subrayan que cualquier consulta popular debe pasar primero por el Congreso, especialmente cuando se trata de reformas estructurales como la laboral.

El debate no se ha quedado en el ámbito jurídico. Voces del sector académico y político han comparado esta iniciativa con decisiones adoptadas en gobiernos donde se ha buscado erosionar la democracia a través de mecanismos supuestamente participativos. Las preocupaciones apuntan a que este paso podría sentar un precedente riesgoso en el manejo del poder presidencial.

El presidente también mencionó durante su intervención posibles amenazas contra su vida, aunque no ofreció pruebas ni detalles al respecto. Este comentario agregó aún más tensión a un ambiente ya marcado por la desconfianza y la división política.

Por ahora, el Ministerio del Interior y la Registraduría no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la viabilidad de la consulta por decreto. Sin embargo, expertos coinciden en que cualquier acción de este tipo podría ser demandada ante la Corte Constitucional.

En tanto, el Congreso continúa ejerciendo funciones bajo la expectativa de si el Gobierno efectivamente expedirá el decreto o si abrirá un nuevo escenario de discusión. La incertidumbre permanece mientras se evalúan los efectos políticos y legales que esta medida podría desatar.