Es oficial la consulta popular: este es el decreto firmado por el presidente Petro

A pesar del rechazo del Senado a la convocatoria de una consulta popular sobre la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, mediante el cual oficializó la consulta por vía administrativa.

La medida fue publicada en la edición extraordinaria número 53.145 del Diario Oficial, lo que confirmó la convocatoria para el próximo 7 de agosto, fecha simbólica por la conmemoración de la Batalla de Boyacá.

El decreto fue firmado por el mandatario y varios ministros, aunque no todos los titulares de cartera lo avalaron. Los ausentes fueron la canciller Laura Sarabia, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma y la ministra de Ambiente Lena Yanina Estrada, cuyas firmas fueron reemplazadas por funcionarios encargados, algo que ha despertado sospechas sobre posibles dudas jurídicas detrás de su ausencia.

En su justificación, el documento afirma que la votación del Senado el 14 de mayo no fue válida, debido a que se excluyó injustificadamente a senadores presentes, lo que, según el Gobierno, vició de inconstitucionalidad la decisión. Con base en esto y amparado en el artículo 4 de la Constitución, Petro invocó la excepción de inconstitucionalidad, que permite ignorar actos contrarios a la Carta Magna.

“Una votación en el Congreso solo puede considerarse válida si permite hacerlo a todos sus integrantes”, argumenta el decreto. Este pronunciamiento fue respaldado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aunque irónicamente su firma no aparece en el decreto, en su lugar firmó el exministro encargado Augusto Ocampo.

La consulta abordará 12 preguntas relacionadas exclusivamente con la reforma laboral, incluyendo temas como la jornada laboral, recargos dominicales, formalización del trabajo informal, contratación de personas con discapacidad, derechos laborales en el campo, entre otros.

El Gobierno ha indicado que para que la consulta tenga validez, deben participar al menos 13.654.457 personas, y cada pregunta debe recibir un mínimo de 6.827.229 votos afirmativos.

La decisión presidencial ha generado una intensa polémica en redes sociales y entre sectores políticos, algunos de los cuales han llegado a calificar el acto como un “golpe de Estado técnico”, al pasar por alto la decisión del Senado. Sin embargo, desde la Casa de Nariño se insiste en que se está actuando dentro del marco constitucional.

El decreto ordena además que se informe al registrador nacional, Hernán Penagos, para que organice la logística y garantice que la ciudadanía pueda expresarse libremente en las urnas el 7 de agosto. En juego están reformas profundas que podrían cambiar la estructura del régimen laboral colombiano.

Con esta acción, Petro refuerza su discurso de gobierno popular, buscando que sea la ciudadanía y no el Congreso quien defina el rumbo de una de las reformas más ambiciosas de su mandato.