¿En qué va la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc?

Luego de siete años de la firma del Acuerdo de Paz, crece la incertidumbre sobre cómo va la implementación de lo firmado en La Habana, dados los nuevos desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad. A pesar de los avances, aún hay varios territorios en alerta.

Las fuentes consultadas coinciden en que unos meses antes de que se produjera la imagen de Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño dándose la mano en el Teatro Colón y algunos de los que siguieron fueron los mejores, pero que, con el paso del tiempo y el cambio de Gobierno, ese avance se empezó a tornar borroso.

“El primer tiempo del proceso fue el mejor; es decir, el momento del desarme y el desminado, pero luego la cosa se empezó a enredar un poco, sobre todo porque se ha politizado mucho el asunto, no solo en este Gobierno, sino desde el pasado”, anota Fabio Pulido, profesor de la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad de La Sabana.

Para el director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, una indiscutible ganancia fue haber desmovilizado al grupo armado ilegal más grande, influyente y peligroso que tenía el país, porque, aunque quedaron unas disidencias, estas no llegan ni al 15 % de lo que fueron las Farc en su momento, que, según algunos cálculos, alcanzaron a tener más de 20 mil miembros”.

Además, hoy “son destacables los procesos productivos que han generado los reinsertados, los cuales han sido bastante valiosos, como el cultivo de cacao, cervezas artesanales y zonas de producción agrícola. Todavía falta hacer un mayor reconocimiento a la cantidad de proyectos productivos que se han derivado de esta iniciativa”, dice.

Para ello, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, ha destinado cerca de siete millones de dólares a la estrategia de sostenibilidad para proyectos productivos colectivos.

Sin embargo, lo cierto es que el avance no ha sido el esperado. De ahí que esta semana, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro haya pedido más tiempo para su implementación, además de proponer revivir estrategias usadas en 2016, como el ‘fast track’ para acelerar el proceso de ejecución (ver recuadro).

Así lo considera también Carlos Velandia, excomandante del ELN y actual promotor de paz, al asegurar que “el balance de implementacion del Acuerdo es deficitario, porque puntos sustantivos como la reforma rural integral no han tenido desarrollos significativos, teniendo en cuenta que se van a cumplir ocho años de la firma del Acuerdo Final del Paz”.

Para él, el asesinato de firmantes es una señal de los bajos niveles de protección a la vida de los excombatientes por parte del Estado colombiano.

“La reciente expulsión y desplazamiento de los excombatientes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, Etcr, de Miravalle, es una señal nefasta en materia de seguridades para la reintegración, de cara a los procesos de paz en curso, los cuales toman como ejemplo la implementación del Acuerdo de las Farc. No se debe repetir el abandono de los territorios. Deben pensarse procesos en lugares específicos con la reintegración económica y social”, sostiene.

De hecho, de acuerdo con el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, desde la firma del Acuerdo hasta el mes pasado han asesinado a 421 excombatientes.

Pulido añade que igualmente la justicia ha tenido un menor desarrollo, porque la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no ha emitido todavía ninguna decisión; “es decir, el proceso de toma de decisiones judiciales ha sido muy lento y, segundo, la reforma agraria, en teoría, debió haber sido un resultado del proceso y no ha tenido prácticamente ningún desarrollo”.

Sobre el acceso a tierras, el informe de la Misión de la ONU señala que actualmente hay 286 solicitudes de tierras que están pendientes de ser tramitadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y otras 23 por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Aunque en el último trimestre las adquisiciones para el Fondo de Tierras fueron de 12.194 hectáreas, para un total de 266.156 en la actual Administración. De estas, 85.002 hectáreas fueron adjudicadas.

Velandia coincide con Pulido en las dificultades de avance de la JEP y menciona que “luego de siete años de entrada en vigencia, el tribunal ha mantenido represadas las amnistías a los excombatientes y los ha mantenido subjudice injustificadamente. Además, ha introducido modificaciones a sus competencias y alcances, más allá de lo pactado por las partes”.

De acuerdo con el informe de la ONU, hasta el 10 de mayo de este año, la JEP ha acreditado como víctimas a más de 201.000 indígenas y 126.000 afrocolombianos en sus 11 casos, lo que representa el 96 % del total de víctimas acreditadas colectivamente.

Finalmente, Charry analiza que el gran el aprendizaje del Acuerdo de Paz es que “debe ser una política que va más allá de los gobiernos y así está concebido, pero de todas maneras el Presidente de turno tiene una gran influencia en la implementación y en la velocidad del proceso, y ese ha sido principalmente su obstáculo: que, al no ser un tema esencial de la campaña política, pues los gobernantes se han desligado de la importancia de su implementación”.

El ‘fast track’, ¿necesario?

“El ‘fast track’ no es la solución, esa es simplemente una nueva hipótesis que lanza el Presidente para buscar un camino para evadir los controles institucionales ordinarios, así como lo hizo con la constituyente y los referendos. Son ideas que lanza para ver cuál logra para evadir el Congreso y eventuales controles judiciales”.

Así analiza el profesor de la facultad de derecho y ciencias politicas de la Universidad de La Sabana Fabio Pulido la idea planteada por Gustavo Petro ante el Consejo de Seguridad e la ONU, para, según él, lograr la implementación del Acuerdo de Paz.

El director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, está de acuerdo con él y menciona que “primero se debería evaluar qué es lo que se va a aprobar en ese ‘fast track’, porque es una modalidad que obliga a tener unos puntos muy bien identificados y precisos”.

“Lo único que se podría aprobar con este mecanismo sería más tiempo para la implementación bajo las mismas condiciones actuales, pero por el momento no existen condiciones claras para saber qué sería lo que se va a aprobar y parece más una estrategia política del Elecutivo para que, a través del ‘fast track’, se aprueben elementos de su programa de gobierno y no tanto del Acuerdo de Paz”, añade.