Política
Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, envió solicitud a la Corte Constitucional ante polémica por citación de control político del Congreso
Continúa el rifirrafe entre Gobernación del Valle y Congreso por la seguridad en el departamento.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien fue citada a un debate de control político en el Senado de la República, por los problemas de seguridad que enfrenta el departamento, este martes, 13 de agosto, se conoció que solicitó a la Corte Constitucional dirimir la competencia del Congreso para dicha citación impuesta.
Toro le pidió al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional, su intervención desde la Corte para definir la competencia que tiene la Comisión Primera del Senado de la República, para citar a la mandataria a dicho control político.
En ese sentido, la Gobernadora precisó que ha respondido, mediante oficios, tanto al cuestionario, como los Derechos de Petición instaurados por el senador Carlos Fernando Motoa a propósito de la situación de orden público y seguridad en el Departamento del Valle del Cauca y que, a pesar de dichas respuestas, ha sido citada a control político ante la Comisión el pasado 5 de agosto y para el próximo 14 de agosto, a la cual se excusó de asistir mediante oficio.
Por medio de una carta, Toro recordó que en el Valle se goza de autonomía administrativa y por ende, sus gobernadores responden ante instancias locales y no ante el Congreso.
“Dentro de los postulados de la autonomía territorial y la descentralización administrativa, la cual se pone en entredicho al persistir la Sesión Primera en endilgarse funciones constitucionales propias de la Asamblea Departamental, solicitó a la Honorable Corte Constitucional defina la competencia para el control político en temas de manejo y competencia local circunscritos en el Valle del Cauca, los cuales deben estar en cabeza de la Asamblea Departamental”, expresó la gobernadora en su petición.
Toro reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante las instancias pertinentes, pero en los términos que establece la Constitución.