Congresistas que apoyaron la ‘Vaca por Antioquia’ podrían perder su investidura; admiten demanda en su contra

Lo que inició como un acto de apoyo al gobierno departamental de Antioquia podría tener graves consecuencias para 10 congresistas de la República, luego de que el Consejo de Estado admitiera una demanda contra ellos que podría significarles la pérdida de sus curules.

El tribunal supremo de lo contencioso administrativo resolvió “admitir la solicitud de pérdida de investidura presentada por el señor Carlos Mario Patiño González, en contra de los Senadores de la República elegidos para el periodo constitucional 2022-2026, señores Miguel Uribe Turbay, Paloma Susana Valencia Laserna, Esteban Quintero Cardona, Andrés Felipe Guerra Hoyos, Paola Andrea Holguín Moreno, María Fernanda Cabal Molina”.

Asimismo, también contra los “Representantes a la Cámara, elegidos para el periodo constitucional 2022-2026, señores Juan Fernando Espinal Ramírez, Hernán Darío Cadavid Martínez, John Jairo Berrío López y Julián Peinado Ramírez”.

Esto significaría un duro golpe para el partido Centro Democrático, considerando que todos los senadores y tres de los cuatro representantes hacen parte de esa colectividad, solo dejando por fuera a Julián Peinado Ramírez, que hace parte del liberalismo.

La razón de esta actuación es que los citados congresistas respondieron a la convocatoria hecha por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para reunir recursos en la ‘Vaca por Antioquia’ para completar la financiación de las vías 4G del departamento, luego de que el presidente Gustavo Petro descontinuara el apoyo de la Nación.

No solo manifestaron ampliamente su apoyo a través de redes sociales e invitaron a la ciudadanía a colaborar con la financiación, sino que también donaron recursos en la iniciativa que ya acumularía más de $ 4000 millones.

De acuerdo con el abogado demandante, Carlos Mario Patiño, los parlamentarios infringieron el régimen de inhabilidades. “Según el decreto de la Gobernación para reglamentar la vaca, esta se hace mediante donaciones y las donaciones son, típicamente, un contrato cuya parte pasiva es la Gobernación, que es una entidad pública. Ellos están haciendo a título personal una donación a una entidad pública, lo que sería un contrato estatal”, sostuvo.

El jurista aseguró que no hay manera de que se justifiquen en que lo hicieron sin culpa, ya que cada legislador cuenta con un amplio equipo de asesores y abogados que podrían haber advertido si había una violación a la Ley, “como a mí me parece que la hay”, agregó.

El Centro Democrático, casa política de la mayoría de parlamentarios implicados, se pronunció luego de la imposición de la demanda y la desestimó. Aseguraron, en primer lugar, que no hay ninguna conducta ética ni moralmente reprochable en la donación, y en segundo lugar, que esta no representa ningún beneficio para los congresistas que decidieron apoyarla.

“Los enemigos del civismo y la ‘vaca’ por las vías atacan de nuevo, ahora lo hacen contra la generosidad y solidaridad de nuestros congresistas. La demanda no tiene asidero jurídico”, insistió la colectividad.

Lo fáctico es que ahora el Consejo de Estado notificará a cada uno de los congresistas para que presenten sus argumentos de defensa, mientras que un delegado de la Procuraduría tendrá que presentar su concepto disciplinario sobre si está de acuerdo y a favor de las pretensiones de la acción judicial o no.