Campaña Petro violó topes en más de $5000 millones; Procuraduría pidió sanción a Ricardo Roa

La Procuraduría concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 vulneró los límites legales de ingresos y gastos, omitiendo reportes por más de $ 5355 millones y recibiendo financiación de fuentes prohibidas.

Así lo señaló en un concepto enviado al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que pidió la formulación de cargos contra el entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros miembros del equipo, además de partidos de la coalición Pacto Histórico.

El informe del Ministerio Público especificó que durante la primera vuelta presidencial, la campaña omitió el reporte de una donación por $ 500 millones realizada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode); un préstamo del Partido Polo Democrático Alternativo por otros $ 500 millones; el pago a testigos electorales por más de $ 931 millones; y gastos de propaganda por más de $ 356 millones.

También se identificó que no se reportaron gastos realizados por la campaña al Senado del Pacto Histórico por $ 202 millones, ni el uso del servicio de transporte aéreo por valor de más de mil millones. Además, se omitieron aportes de la Unión Sindical Obrera, USO, por cerca de $ 121 millones.

En la segunda vuelta, se hallaron cinco omisiones adicionales: el pago de $100 millones por un evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena, el pago a testigos electorales por $177 millones, servicios de transporte aéreo por $962 millones, pagos de Colombia Humana por $530 millones y nuevos aportes de la USO por $379 millones.

La Procuraduría también señaló la posible financiación prohibida de personas jurídicas no autorizadas por la ley.

 En la primera vuelta, se habrían realizado aportes a la campaña por Fecode, Ingenial Media S.A.S. y la USO. En la segunda vuelta, se identificaron nuevas presuntas irregularidades con aportes de Servi Red S.A.S., Ingenial Media S.A.S. y nuevamente la USO.

De acuerdo con el documento del Ministerio Público, Roa omitió reportar múltiples rubros significativos, lo cual, en criterio del órgano de control, vicia la transparencia electoral y compromete su responsabilidad directa como administrador de los recursos de campaña.

La respuesta de Roa

En sus descargos, Ricardo Roa negó las imputaciones. Aseguró que el aporte de Fecode no fue dirigido a la campaña presidencial sino al movimiento Colombia Humana, y que el contrato suscrito con Ingenial Media tenía como fin implementar un esquema de control electoral.

Sobre el préstamo del Polo Democrático, explicó que fue pagado antes del 29 de mayo de 2022, día de la primera vuelta, y que por ello no debía reportarse. En cuanto al pago a testigos electorales, sostuvo que no se realizó desde la campaña y que estos gastos no están comprendidos como propaganda porque su función es supervisar el proceso, no promover candidatos.

Respecto a los aportes de la USO, aseguró que no ingresaron a las cuentas de la campaña y que no existe prueba de que hayan sido coordinados o aceptados por la misma.

Por el evento en el Movistar Arena, dijo que ese contrato se celebró el 16 de junio y cubría no solo el cierre de campaña sino también la transmisión de resultados, por lo cual parte de su ejecución ocurrió luego del cierre de la campaña.

Los demás implicados

María Lucy Soto, auditora de la campaña, también presentó descargos, en los que afirmó que el CNE vulneró su derecho al debido proceso al formularle cargos sin delimitar claramente su conducta en términos de tipicidad y culpabilidad.

Reiteró que los informes financieros ya habían sido aprobados por el Fondo de Financiación Política mediante resoluciones 5272 de 2022 y 2912 de 2023, las cuales permitieron la reposición estatal de $28.260 millones por la primera vuelta y $13.129 millones por la segunda.

También se abrieron investigaciones contra el movimiento político Colombia Humana y el partido Unión Patriótica, responsables de la auditoría y presentación de informes financieros. Ambos fueron señalados por tolerar la vulneración de los topes legales de financiación y permitir aportes de entidades prohibidas.

Las sanciones previstas para las personas naturales incluyen multas de hasta el 10 % del valor entregado por el Estado para la campaña y la devolución total o parcial de dichos recursos.

Para los partidos políticos, se contemplan sanciones como la suspensión de financiación estatal, pérdida de personería jurídica y prohibición de inscribir candidatos.

¿El Presidente puede ser sancionado?

 Aunque se formularon cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato, la investigación en su contra fue suspendida provisionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional, hasta que se resuelva una acción de tutela radicada tras considerar que el Consejo de Estado había excedido su competencia al permitir que el Consejo Nacional Electoral lo investigara directamente por hechos relacionados con la financiación tanto de su precandidatura como de su campaña presidencial.

Según aclaró la Corte, solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigar al Jefe de Estado, aunque por el momento esa instancia no ha mostrado mayores avances.

De hecho, la senadora opositora María Fernanda Cabal denunció ante la Corte Suprema de Justicia a Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, miembros de esa comisión y cercanos al presidente Petro, por incurrir en el delito de prevaricato por omisión.

De acuerdo con la denuncia, los representantes “han omitido actuar de manera diligente y oportuna, retardando de forma injustificada el avance de este proceso”, que investiga la violación de topes de campaña presidencial.