Sociedad fallida

No puede una sociedad quedarse inerme cuando sus menores de edad son asesinados, se convierten en víctimas de la violencia o son sometidos a los peores vejámenes. Además de pedir que la Justicia actúe y castigue con contundencia a los responsables de esos crímenes, hay que entender dónde está el origen de esa crueldad que se ensaña contra niños, adolescentes y jóvenes.

El pasado sábado Cali amaneció conmocionada por la noticia del homicidio de Michelle Dayana González, una adolescente de 15 años desaparecida en la noche de las velitas, que luego de una intensa búsqueda fue hallada desmembrada en un taller de mecánica de un barrio al sur de la ciudad. Con el paso de las horas se señaló como presunto agresor al vigilante del lugar, un hombre con antecedentes por abuso sexual en menores de 14 años, quien según los familiares de la víctima la acosaba desde hacía varios meses.

El de Michelle Dayana es un caso aberrante que toca las fibras de la sociedad. Ella es una de los 419 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad asesinados en este 2023 en la capital del Valle, de los cuales 49, incluida Michelle, tenían menos de 18 años. Ahí en esas estadísticas están los niños y adolescentes integrantes de pandillas del Oriente que, como lo contó El País en su Informe Exclusivo dominical, han vuelto a demarcar fronteras invisibles, siembran el terror y se enfrentan entre ellos o ajustan cuentas, en la mayoría de los casos con saldos trágicos.

Son los menores de edad a quienes nadie protege, ni sus familias, ni las comunidades ni las autoridades encargadas de velar porque se respeten sus derechos más fundamentales, como el de la vida. Falla también la Justicia, que en muchas ocasiones no hace pagar con la contundencia que determinan las leyes a los culpables de esos crímenes. O como habría sucedido en el caso del presunto homicida de Michelle Dayana, no emite las alertas necesarias para evitar que se perpetren nuevas agresiones.

Cali es el ejemplo de esa incapacidad de defender y resguardar la vida humana de las garras de la violencia. Son 950 homicidios ocurridos en lo que va de este año en la ciudad, un número similar al del 2022 y muy lejos de la meta de 800 en la que se había comprometido el Gobierno local para 2023. Que de ese número de asesinatos la mitad corresponda a menores de 28 años debería poner una alerta sobre dónde están las fallas de las autoridades caleñas para salvaguardar a su población más joven.

Con cifras como esas y con crímenes atroces como los que se ven casi a diario en la capital del Valle, hay que preguntar, de nuevo, sobre las deficiencias de las políticas de seguridad ciudadana, evidentes aún más durante la administración del alcalde Jorge Iván Ospina. El crimen aberrante de Michelle Dayana, como el de cada niño, adolescente y joven asesinado o vejado en la ciudad, no puede quedar impune. Se debe encontrar a su asesino y que caiga sobre él todo el peso de la ley. Cali no puede ser más una sociedad fallida.