Sin privilegios

La decisión de trasladar al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía desde la Escuela de Carabineros de Cali hasta la cárcel de Villahermosa, pone sobre la mesa una discusión aplazada por décadas en el sistema penitenciario colombiano: por qué existen condiciones especiales de reclusión y privilegios en el país, dependiendo del tipo de sentenciados.

Abadía cumple una pena de 21 años y 7 meses de prisión por delitos relacionados con la contratación pública y el peculado. La condena, emitida en 2024 y que quedó en firme el pasado mes de junio, se originó en irregularidades alrededor de un contrato de $1072 millones destinado a dotar de material bibliográfico a establecimientos educativos del Valle. En este mismo espacio editorial de El País se señaló, al conocerse la sentencia, que se trataba de una de las sanciones más severas impuestas a un funcionario público por hechos de corrupción.

Por eso resulta difícil explicar ante los ciudadanos que una persona condenada por corrupción esté recluida en un lugar especial y sustancialmente distinto al de quienes cumplen sus penas en establecimientos penitenciarios ordinarios. La discusión no es sobre comodidades personales ni sobre el nombre del condenado. Es sobre la credibilidad de la Justicia.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado una política encaminada a revisar las condiciones especiales de reclusión y a terminar con los llamados ‘presos VIP’. En ese marco se han producido traslados en diferentes establecimientos y se han anunciado nuevas medidas para impedir que personas privadas de la libertad continúen ejerciendo influencia criminal o política desde los lugares donde cumplen sus condenas.

El caso de Abadía adquiere especial relevancia en el Valle porque, según las denuncias divulgadas por el Gobierno, desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros habría conservado capacidad de influencia sobre asuntos políticos, funcionarios y contratos. Esas afirmaciones corresponden al Ejecutivo y deben distinguirse de los hechos establecidos judicialmente.

Hay, sin embargo, un principio que debería estar por encima de cualquier controversia política: una condena debe cumplirse bajo las condiciones que establezca la ley y sin privilegios derivados del poder, del dinero, de los contactos o del cargo que alguna vez se ocupó.

Eso no significa desconocer los derechos fundamentales de los internos, ni impedir las condiciones especiales que por razones médicas o jurídicas estén debidamente justificadas. Significa que cualquier diferencia en el régimen de reclusión debe responder a criterios objetivos, verificables y establecidos por la ley, no a influencias personales.

La igualdad ante la ley pierde fuerza cuando la sociedad percibe que existen cárceles para unos y lugares privilegiados para otros. Y pierde todavía más cuando quienes fueron condenados por apropiarse de recursos públicos terminan conservando espacios de poder mientras cumplen sus penas.

Colombia necesita que las condenas por corrupción tengan consecuencias reales. Solo así será posible recuperar la confianza de una ciudadanía que durante años ha visto cómo demasiados procesos se dilatan, prescriben o terminan sin responsables.

El traslado de Abadía debe servir, entonces, para algo más que un caso particular. El país necesita reglas claras para todos los condenados: ni privilegios, ni excepciones construidas alrededor del poder. La ley debe ser la misma para quien alguna vez gobernó un departamento y para cualquier otro ciudadano condenado.

Solo así una sentencia dejará de ser una formalidad y volverá a significar lo que debe significar: que, frente a la Justicia, nadie está por encima de la ley.