La autonomía universitaria

Ni las protestas pacíficas ni el pensamiento crítico pueden convertirse en argumentos suficientes para justificar una intervención arbitraria de la Fuerza Pública en las universidades del país, pero tampoco puede aceptarse que la autonomía universitaria sea utilizada como escudo para impedir la actuación de las autoridades frente a hechos que constituyan un delito.

De ese tamaño es la discusión planteada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, al anunciar la creación de un protocolo nacional para distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y los actos vandálicos que obliguen al ingreso de la Policía en las universidades.

Un debate con altura que, por el bien del país, debería terminar en un gran acuerdo nacional que defina los límites, las responsabilidades y la forma de proceder en casos específicos sin que afecte la autonomía universitaria. Pero también una discusión que esté desprovista de intereses politiqueros y electorales que lleven a que una sana controversia, como debe ser el debate, termine convertida en un nuevo escenario de confrontación ideológica.

Es innegable que la autonomía universitaria es una de las grandes conquistas de la Constitución de 1991, pero en estos 35 años hay quienes la han aprovechado para esconder armas, comercializar drogas, atacar a la Fuerza Pública generar caos o dar cabida a infiltración de organizaciones criminales y milicias de los grupos guerrilleros.

La propia Corte Constitucional ha establecido en sus sentencias que la protesta universitaria tiene una protección constitucional reforzada, pero también ha precisado que esa protección no cobija conductas violentas, amenazas, daños a bienes o actuaciones que afecten gravemente el funcionamiento de la institución.

Subraya también que esa autonomía ofrece un amplio margen para definir su orientación, organizar sus actividades académicas, la inversión de sus recursos, su forma de gobierno y el establecimiento de normas internas, pero también ha dejado claro que esa independencia está limitada por la ley, la Constitución y el bien común.

Las universidades en su esencia son espacios de reflexión, de investigación, de construcción de pensamiento crítico, de pluralismo y de libertad. Y los mismos rectores de varias universidades públicas han reconocido que no tienen la capacidad de garantizar la tranquilidad ni de frenar el ingreso de personas que desde el alma máter buscan originar el caos.

Ante este panorama, la respuesta tiene que ser la cooperación efectiva entre las autoridades educativas y los organismos de seguridad del Estado y buscar una alternativa en la que la inteligencia preceda a la fuerza; entre otras razones porque los estudiantes también quedan a merced de los violentos y ni el Estado ni la universidad pueden renunciar a la obligación de protegerlos.

Canales de comunicación permanente, que garanticen que cualquier intervención de las autoridades sea coordinada y deba estar sustentada en información verificable y sometida a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Esto no es ni más ni menos que garantizar que esa autonomía sirva para proteger el conocimiento frente al poder político, más no para proteger al delincuente del peso de la Justicia. De lo contrario, ninguna defensa de la autonomía universitaria logrará justificar que se sigan presentando tragedias de jóvenes muertos o mutilados por la fabricación o manipulación de artefactos explosivos dentro de los claustros, o civiles y miembros de la Fuerza Pública muertos o gravemente heridos por bombas lanzadas desde centros de pensamiento e investigación