A corregir el rumbo contra el narcotráfico

La decisión de Estados Unidos de mantener a Colombia por segundo año consecutivo en la lista de países que han “fallado demostrablemente” en la lucha contra las drogas no puede pasar inadvertida. Después de décadas en las que el país mantuvo la certificación de Washington, la descertificación anunciada en 2025 y ratificada ahora constituye una señal inequívoca sobre el deterioro de los resultados alcanzados frente al narcotráfico.

Las cifras ayudan a entender la dimensión del problema. En 2025 se hablaba de unas 253.000 hectáreas sembradas con coca y de una producción que superaba las 2700 toneladas de cocaína al año, mientras los niveles de erradicación habían caído considerablemente. Son cifras que explican por qué Washington consideró insuficientes los esfuerzos realizados durante el período evaluado.

La consecuencia más preocupante de una descertificación no es solamente política. Esta condición puede abrir la puerta a restricciones sobre la asistencia económica y militar, afectar programas de seguridad, justicia, desarrollo social y asistencia técnica, y generar incertidumbre en una relación bilateral que durante décadas ha sido fundamental para Colombia. El País ha advertido que la cooperación estadounidense representa recursos cercanos a los US$450 millones, destinados a diferentes frentes relacionados con seguridad y lucha contra las drogas.

Pero, tal como ocurrió el año anterior, ahora Washington decidió mantener el waiver, es decir la excepción de interés nacional que permite conservar la cooperación estadounidense pese a la descertificación. Es una decisión que evita un golpe inmediato a la capacidad del Estado colombiano para enfrentar a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, mantiene abierta una relación que Estados Unidos considera estratégica.

Ese gesto también debe leerse como una oportunidad, no como una absolución. La administración de Donald Trump ha señalado que espera resultados concretos del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, al que reconoce por su compromiso de fortalecer la lucha contra los cultivos de coca, la producción de cocaína y las redes narcoterroristas. Washington dejó abierta incluso la posibilidad de revisar la decisión si durante el próximo año Colombia demuestra avances sustanciales.

El hecho de que la evaluación corresponda principalmente a los últimos doce meses del gobierno anterior explica, en parte, que el nuevo Mandatario no haya podido cambiar inmediatamente el resultado. Pero también significa que ahora tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de demostrar que el rumbo ha cambiado.

Para ello no bastan anuncios. Colombia tendrá que reducir de manera verificable los cultivos ilícitos, recuperar la capacidad de erradicación, perseguir las estructuras que producen y trafican cocaína, fortalecer la inteligencia y la Fuerza Pública y recuperar territorios donde las organizaciones criminales han encontrado fuentes de financiación y control social.

La cooperación con Estados Unidos no debe entenderse como una concesión ni como una renuncia a la soberanía. Es, ante todo, un instrumento para enfrentar un negocio criminal que ha dejado miles de víctimas y que Colombia no puede combatir aisladamente.

La excepción que permite conservar la cooperación, aún con condiciones, mantiene abierta esa puerta. Ahora corresponde al gobierno de De la Espriella demostrar, con resultados verificables, que Colombia puede volver a ser certificada. Washington ya dejó claro que está dispuesto a revisar la decisión. El próximo capítulo dependerá de lo que Colombia sea capaz de hacer frente al narcotráfico.