La Paz: persiste incumplimiento de los acuerdos

Nueve años después, el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc ya no debería ser motivo de discusión. Con sus aciertos y yerros, ya hace parte de la Constitución Política de Colombia y está visto que, debido a eso, pero sobre todo al respaldo internacional que sigue recibiendo, modificar su contenido no parece un camino viable.

Mejor, los análisis y los ajustes deberían hacerse sobre la implementación que se ha intentado hacer desde noviembre de 2016, cuando, tras el triunfo del no en el Plebiscito, el gobierno de Juan Manuel Santos lideró la modificación de una pequeña parte de lo acordado en La Habana y logró que el Acuerdo fuera firmado por ambas partes, ya sin el apoyo que por un breve lapso alcanzó a tener entre muchos colombianos la ilusión de que el país por fin podría enrutarse hacia la pacificación.

Lo cierto es que el desgaste político y la fatiga que acusó al entonces Mandatario impidió que su administración dejara las bases necesarias para que el siguiente inquilino de la Casa de la Nariño se viera obligado a echar a andar la implementación de lo pactado en Cuba durante largos y complicados años de negociación, sin importar su ideología.

Sin embargo, la historia ya mostró que eso no sucedió y que la urgente necesidad de reconciliar al país se ha visto frenada por los intereses y las inclinaciones políticas de los gobiernos de turno, lo que ha derivado en cuestiones tan graves como la proliferación de las autodenominadas disidencias de las extintas Farc, la muerte de cerca de 480 firmantes de Paz y el incremento de la violencia en regiones como el Cauca, cuyos habitantes durante escasos dos años alcanzaron a vivir con tranquilidad.

Ya está diagnosticado también que el principal responsable de ese auge en los grupos criminales es el Estado, que no hizo presencia a tiempo en las zonas donde antaño la guerrilla era Dios y ley. Sin embargo, los cerca de doce mil excombatientes que se mantienen en la legalidad a pesar de los incumplimientos y las adversidades son una buena razón para que Colombia deje a un lado la división y la polarización política y apoye la implementación de los acuerdos, cuyo fin último no es darle beneficios a quienes dejaron las armas, sino terminar la guerra en los territorios que llevan casi siete décadas sumidas en la violencia.

Solo que el actual gobierno de Gustavo Petro, pese a que en campaña prometió que implementaría lo pactado en La Habana, también ha sido inferior a su responsabilidad de buscar la reconciliación del país, dado que de manera equivocada volcó sus esfuerzos a lo que dio en llamar la Paz Total, una política que a todas luces ha fracasado en su deseo de lograr negociaciones con todos los grupos armados al margen de la ley que operan en el territorio nacional.

Primero, porque carece de un norte jurídico que permita asumir compromisos con quienes una vez ya se comprometieron a vivir en la legalidad, pero también porque ha adolecido de una política contundente de lucha contra el narcotráfico, que sigue siendo la opción más viable para quienes no conocen otra forma de obtener el sustento que a través de actividades criminales.

Así las cosas, el actual Gobierno Nacional, supuestamente afín al Acuerdo, sigue estando en deuda con la implementación de lo que se pactó en La Habana y, al parecer, tampoco ha entendido que eso no solo afecta a un puñado de excombatientes sino a miles de colombianos que todos los días siguen padeciendo la violencia en las zonas rurales y urbanas del país.