El fallo de La Haya

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dirimió el último litigio limítrofe entre Colombia y Nicaragua, no podía ser diferente. Al país centroamericano se le negó cualquier pretensión de extender sus fronteras marítimas más allá de las 200 millas náuticas y al nuestro se le reconocieron sus derechos plenos y establecidos.

Este debería ser el capítulo final de la sucesión de demandas entabladas por el régimen de Daniel Ortega ante ese Tribunal con el propósito de apropiarse de una zona de larga disputa entre ambas naciones. Ha sido un camino de sinsabores para Colombia, que afectó incluso a vecinos como Costa Rica y Panamá, y que llevó a que nuestro país tomara la decisión de retirarse del Acuerdo de Bogotá que reconocía la jurisdicción de la Corte de La Haya.

Si bien el reciente fallo significó una victoria nacional, no ocurrió lo mismo con la sentencia proferida en 2012. Fue entonces cuando el alto tribunal falló a favor de Nicaragua y redefinió la delimitación marítima, lo que significó para Colombia perder 70.000 kilómetros de su área marina, si bien conservó la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, incluidos los cayos adyacentes.

En su última demanda, que tardó nueve años en fallarse, el gobierno nicaragüense tuvo la intención de extender sus límites más allá de las 200 millas náuticas internacionales y que se le reconocieran derechos sobre suelo y subsuelo marino que le pertenecen a Colombia. La pretensión, sin duda, era apoderarse de una extensa área marina rica en recursos naturales, incluidos petróleo y gas, para beneficiarse de su explotación.

Gracias al trabajo de los equipos jurídicos colombianos, tanto de los anteriores como del nombrado en diciembre pasado por el presidente Gustavo Petro, se consiguió desmontar uno a uno los argumentos de Nicaragua, lo que redundó en el triunfo para Colombia. Si bien ahora el país respira más tranquilo, aún le quedan asuntos pendientes, como llegar por los canales diplomáticos a un entendimiento con Nicaragua para que la sentencia del 2012 deje de afectar los derechos de los raizales sanandresanos sobre un mar que les ha pertenecido desde tiempos ancestrales.

El otro pendiente tiene que ver con la relación de indiferencia y abandono de la nación interior con el Archipiélago de San Andrés, Providencia y San Catalina. Lo ideal habría sido que el Primer Mandatario, tal como se anunció, recibiera en las islas el fallo de La Haya como un acto de soberanía y además para demostrar el apoyo a los isleños. Pero en medio de la alegría que suscitó la victoria jurídica su ausencia fue visible y revivió el mensaje de la displicencia con la que desde Bogotá se trata a la que es parte importante de Colombia, así como la despreocupación por ayudarle a resolver sus profundos problemas.

El camino será ahora más tranquilo para nuestra nación en relación a las pretensiones expansionistas de Nicaragua, lo que no significa que se pueda descuidar ningún frente en relación con el régimen de Daniel Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.