Por una Buenaventura libre de bandas criminales

La estrategia con la que se está combatiendo hoy por hoy el accionar de Los Shottas y Los Espartanos, las dos principales bandas criminales que operan en Buenaventura, pareciera dar indicios de cómo se pueden enfrentar estas organizaciones al margen de la ley sin cerrar la puerta a las negociaciones encaminadas a lograr su sometimiento a la justicia.

De un lado, el Departamento de Policía del Valle del Cauca ha entregado positivas estadísticas sobre la captura de integrantes de ambos grupos delincuenciales, entre ellos máximos cabecillas de cada uno, lo que sin duda representa golpes certeros al interior de esas estructuras, que, ante el éxito de los sorpresivos operativos de la Fuerza Pública, quedan sin una cabeza a la cual seguir, lo que crea confusión y desasosiego en sus filas.

Sin embargo, hay que decirlo de una vez, es importante escuchar también las voces de quienes tienen toda la experticia en la lucha contra estas bandas, y sobre todo contra la cadena del narcotráfico que está detrás de ellas, y no dar por concluido el accionar de las autoridades ni su presencia en el territorio tras la captura de estos líderes, sino desarrollando otras estrategias tendientes a impedir que, como suele suceder cuando se logra inmovilizar a un cabecilla, inmediatamente aparece otro que lo reemplace en sus propósitos criminales.

Entonces, lo primero es saludar que se estén desplegando todos esos operativos que han dado con la detención de varios miembros de estas organizaciones que han venido generando violencia y zozobra entre los habitantes de Buenaventura, pero sobre todo la captura en España de alias Diego Optra, señalado máximo líder de Los Shottas, así como la de Mapaya, primer cabecilla de Los Espartanos que estaba en Bolivia, porque demuestra un exitoso trabajo de inteligencia por parte de la Fuerza Pública, en coordinación con la Fiscalía General y la Armada Nacional, a partir de la colaboración ciudadana.

Pero también es necesario que esa labor no termine allí sino que igualmente se combatan a fondo los otros eslabones de la cadena de producción y exportación de alucinógenos desde el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, a fin de contribuir a que algún día la Nación se pueda ver libre del flagelo del narcotráfico.

Ahora bien, como se mencionaba al comienzo, es importante resaltar que, en medio de esta lucha frontal contra estas estructuras criminales que llevan décadas asentadas en Buenaventura, el Gobierno Nacional también ha mantenido un espacio de diálogo con estas organizaciones para que sus integrantes entiendan que la única salida posible a la maraña de violencia en la que están involucrados es que acepten someterse a la justicia. De hecho, en el pasado algunos de ellos han reconocido los delitos que han cometido, así como el dolor que han generado en los habitantes de ese municipio y han acordado treguas que se han traducido en la disminución de los índices de criminalidad en la ciudad puerto.

De esa manera se deja en claro que adelantar una negociación con miras al desarme de los delincuentes no tiene que implicar que la Fuerza Pública quede maniatada frente a ellos. Por el contrario, la combinación de una estrategia que implique garrote y zanahoria, amparada en labores de inteligencia y con el suficiente respaldo ciudadano y de las autoridades civiles, podría ser el camino para dejar atrás para siempre los homicidios, las desapariciones y los desplazamientos masivos que por años han tenido que padecer los habitantes de este municipio vallecaucano.

Sería bueno entonces que, antes de terminar de plano con todos los espacios de diálogo que en estos momentos están abiertos en el país, el nuevo Ejecutivo se detenga a revisar los pro y los contras de estas negociaciones, teniendo muy en claro que ellas no pueden implicar que se detenga su persecución por parte de la Fuerza Pública.