Crímenes contra el periodismo

El asesinato de dos periodistas colombianos, ambos de provincia, con apenas un mes de diferencia, demuestra una vez más que el oficio de mantener informadas a las sociedades, contar la verdad, defender el bien común y el interés general, continúa siendo de alto riesgo en el país. Cuando se silencia a la prensa, se pone en peligro la democracia misma.

A Cristian Herrera lo mataron el sábado pasado en Cúcuta, la ciudad donde desde el ejercicio de su profesión se volvió incómodo para los actores violentos, para los corruptos, para quienes anteponen su beneficio particular por sobre el bien común. Las amenazas que lo acompañaron durante los últimos años, desde cuando era reportero judicial del diario La Opinión o director del periódico Q’hubo, y más recientemente como directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, se concretaron este 7 de junio.

Un mes antes, Mateo Pérez Rueda, joven periodista antioqueño, fue torturado y asesinado, al parecer por las disidencias de las Farc, cuando realizaba un reportaje en el municipio de Abejorral, en ese departamento.

Con Cristian y Mateo ya son nueve comunicadores sociales muertos de manera violenta en los últimos cuatro años en Colombia y 171 asesinados por razones de su oficio desde 1977. El 85 % de los casos ocurrieron en las regiones del país, con el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Córdoba encabezando la lista.

Es claro que las ambiciones de poder, el crecimiento de las organizaciones criminales, la corrupción y el delito necesitan del silencio para poder subsistir, y que el periodismo independiente es su peor enemigo. Nada hay más peligroso para sus propósitos que el compromiso y la capacidad de denuncia de los periodistas honestos y con los valores que hacen posible escrutar las acciones antisociales. El resultado es la amenaza constante y los crímenes contra quienes, como Cristian Herrera y Mateo Pérez o como sucedió con Gerardo Bedoya subdirector de opinión de El País asesinado hace 29 años, cumplen con su deber de informar o ejercen su derecho de opinar. Es la historia que se repite desde hace décadas en Colombia, y en buena parte de América Latina, donde la coerción y la persecución es ejercida por organizaciones criminales, grupos alzados en armas, entramados de corrupción e incluso desde las huestes del poder público que busca presionar o sobornar para tapar sus propósitos inmorales.

Cuando la violencia se impone como un manto de silencio sobre el derecho a informar –tal cual sucede desde hace décadas en nuestra Nación- la prensa se reciente, la sociedad pierde y la democracia se altera. Por ello hay que pedir hoy, como se ha hecho cada vez que asesinan a un comunicador social en Colombia, que las investigaciones sobre los crímenes de Cristian Herrera y Mateo Pérez arrojen resultados, se determine quiénes son los responsables, la Justicia opere y deje de imperar la impunidad, el otro gran enemigo de la libertad de prensa. Es lo mínimo que se impone en un país que se precie de ser un verdadero Estado de Derecho.