Cali, sin POT

Por cuenta del sorpresivo fallo judicial que declaró la nulidad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente desde el 2014, Cali se encuentra hoy en un limbo jurídico que genera gran incertidumbre sobre su futuro desarrollo. La historia de este lío es un reflejo de muchas de las fallas e ineficiencias que caracterizan el ejercicio de lo público en Colombia y que terminan por convertirse en obstáculos para la correcta marcha del Estado. Porque el POT no se cayó por un asunto de fondo en su contenido, sino por un vicio de procedimiento.

El alcalde de la época, Rodrigo Guerrero, se declaró impedido para gestionar el proyecto del POT, por un conflicto de intereses. Y este hecho llevó a que la Procuraduría designara un alcalde Ad Hoc, lo cual vició el trámite, pues la atribución de hacer ese nombramiento solo le correspondía al Presidente de la República.

El POT fue demandado y, como ya es característico en el ineficiente aparato judicial colombiano, tuvieron que pasar diez años para que el pleito finalmente se resolviera. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca lo ha declarado nulo y las alarmas se han encendido en diferentes instancias de la ciudad. No es para menos. El fallo se ha conocido una década después de que el POT fuera aprobado por el Concejo y cuando le restan solo dos años de vigencia.

Lo cual significa que surge un manto de incertidumbre sobre todos los desarrollos urbanísticos que se han adelantado en la ciudad durante la última década al amparo de esa norma. Además, quedan prácticamente en el aire muchos otros que hoy están en alguna etapa de ejecución. Y la ciudad pierde el instrumento legal que rige esta materia, justo cuando apenas despega un nuevo gobierno que tenía previsto presentar un nuevo POT solo dentro de dos años.

Pero resulta igual de inquietante el desconcierto y la falta de claridad que han mostrado las dos instancias del Gobierno local involucradas con el tema, es decir, Alcaldía y Concejo. Desde la primera solo se han emitido pronunciamientos sueltos, según los cuales están estudiando cuál sería la posible ruta a seguir. Desde la Presidencia del segundo solo han surgido planteamientos con ideas poco aterrizadas, como la de emitir un Plan de Ordenamiento Territorial de emergencia.

Mientras tanto, gestores de proyectos inmobiliarios, empresas que adelantan trámites regulados por el POT, curadores urbanos y ciudadanos en general, ‘navegan’ entre las especulaciones. Por fortuna, el fallo del Tribunal no es de aplicación inmediata. Pero, por tratarse de un asunto tan complejo y sin antecedentes en la historia de la ciudad, resulta imperativo que el Gobierno local anuncie cuanto antes un plan de acción concreto para enfrentar esta contingencia.

Y debe definir, también, si este inesperado hecho obligará a anticipar el análisis y la discusión sobre el POT que se planeaba presentar al Concejo en dos años. Porque la seguridad jurídica es un factor clave para que los vientos de cambio que soplan hoy en Cali, se materialicen en decisiones acertadas sobre el desarrollo de la ciudad.