Cuando el delito se arma mejor que la ciudad

La cifra es tan contundente como inquietante: cerca del 80 % de las armas de fuego incautadas en Cali durante 2025 son originales, industriales y de fabricación en serie. No se trata de pistolas hechizas ni de improvisaciones artesanales, sino de armamento diseñado para la guerra y el crimen organizado. Este dato, lejos de ser anecdótico, debe encender las alarmas en una ciudad que sigue enfrentando altos niveles de violencia.

El crecimiento del 7 % en las incautaciones frente a 2024 podría leerse como un logro operativo de las autoridades, pero el tipo de armas encontradas obliga a una lectura más profunda. Que la mayoría sean originales demuestra que los grupos ilegales no solo están mejor armados, sino que cuentan con los recursos económicos suficientes para acceder a mercados ilegales sofisticados y transnacionales.

Este fenómeno confirma que las bandas ya no dependen de armas artesanales ni de dispositivos rudimentarios, sino que apuestan por armamento industrial, más potente, más letal y con mayores garantías de funcionamiento. Esto incrementa la capacidad de intimidación, la precisión para cometer delitos y, en consecuencia, el riesgo para la ciudadanía y la Fuerza Pública.

La circulación de este tipo de armas no ocurre de manera espontánea. Detrás hay redes de tráfico bien estructuradas, fronteras porosas, rutas internacionales y una logística criminal que aprovecha vacíos de control. Casos como el hallazgo de cañones de armas ocultos en un asador proveniente de Estados Unidos muestran la creatividad y el alcance de estas organizaciones.

Aún más preocupante es que la mayoría de estas armas no contaba con permiso de porte. Esto significa que circulan al margen total de la legalidad y terminan alimentando homicidios, extorsiones, hurtos y disputas por el control de economías ilegales. Cada arma original en manos criminales representa una amenaza a la vida y a la estabilidad de los barrios más golpeados por la violencia, especialmente los de la zona de ladera de la ciudad y los de las comunas del oriente.

Frente a este panorama, es urgente reforzar los operativos de control y decomiso, pero también diversificar las estrategias. La trazabilidad balística, la inteligencia financiera, el control en puertos y aeropuertos y la cooperación internacional deben ser temas de una política de seguridad que entienda que el problema no es solo el arma, sino el dinero que la compra y todo lo que hay detrás.

La articulación entre Policía, Fiscalía, Alcaldía, Ejército y autoridades aduaneras ha mostrado resultados, pero hay que tener mayores capacidades y recursos sostenidos en el tiempo. Sin una ofensiva decidida contra las rentas criminales y el lavado de activos, las armas seguirán llegando a Cali.

La capital del Valle no puede resignarse a convivir con un crimen cada vez mejor armado. Reconocer que los grupos ilegales tienen hoy un alto poder adquisitivo es el primer paso para enfrentar una amenaza que compromete la seguridad, la convivencia y el futuro de la ciudad. Permitir que el delito se arme mejor que la institucionalidad es un riesgo que no se puede correr.