Tensiones por La Ruta de la Seda

El presidente Gustavo Petro oficializó el pasado 14 de mayo la incorporación de Colombia a la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda y para esto se firmó el respectivo plan de cooperación durante reunión oficial con el presidente Xi Jinping.

Su motivación fue reducir el significativo déficit comercial con China, que llega a 14 mil millones de dólares: en 2024 las exportaciones a ese país fueron por US $ 2377 millones, mientras las importaciones sumaron US $ 15.936 millones. Atraer capitales productivos sería otro objetivo y este es un reto mayor, pues según el Banco de la República, la inversión desde China en Colombia en 2024 fue de US $ 150 millones (el 1,1% del total), cifra lejana de la que llega de EE. UU. (US $ 5508 millones) o España (US $ 2793 millones).

Petro también subrayó que la alianza activaría la reindustrialización, transformaría el Litoral Pacífico gracias a las rutas comerciales entre Shanghái y Buenaventura, y se desarrollaría la conectividad con instalaciones de fibra óptica submarina que sitúen a Colombia en el centro de la inteligencia artificial. El Gobierno espera que ese aumento de exportaciones a China y la mayor inversión desde ese país también impacten positivamente la capacidad de pago de la deuda.

Nadie discute que se impulse la cooperación financiera –por ejemplo– en infraestructura, energías limpias o transformación digital, ni la transferencia tecnológica, ni que se diversifiquen los socios comerciales. Pero el reto aquí es evitar que se materialicen efectos negativos que economistas, centros académicos, gremios y otros sectores han advertido a partir de la experiencia de otros países que han entrado a esa iniciativa.

La Anif ha señalado que miembros de esa iniciativa no han logrado cambios sustanciales en sus relaciones comerciales. Expertos del Instituto de Ciencia Política han sugerido que, sin reglas nítidas, la “Nueva Ruta” puede convertirse en una vía hacia la pérdida de soberanía e independencia económica. Diversos centros de pensamiento han identificado riesgos de mayor dependencia geopolítica que compromete posiciones en escenarios multilaterales; crecientes desbalances comerciales por falta de reciprocidad, con consecuencias negativas en empleo y competitividad; deudas desbordadas y bajo condiciones absurdas.

Esas experiencias de otros países se suman a las advertencias sobre condiciones o cláusulas que se han identificado cuando se prioriza el financiamiento chino para infraestructura, y que comprometerían la autonomía de decisiones sobre megaproyectos urbanos, la transparencia en las contrataciones estatales que deben realizarse bajo licitación, o incluso el control nacional sobre activos estratégicos. También han existido alarmas sobre impactos en el financiamiento de obras como el metro de Bogotá, si se afectara el respaldo de entidades como el BID o el Banco Mundial. Y varios análisis han alertado sobre eventuales tensiones con socios tradicionales como Estados Unidos, país que compró el 30% de nuestras exportaciones (US$ 14.300 millones) en 2024.

La realidad es que, como no hay un marco multilateral vinculante que regule a la Ruta de la Seda, cada país firma memorandos de entendimiento bilaterales que dejan amplio margen para acuerdos posteriores. Si estos no son adecuadamente negociados, abren la puerta a escenarios desfavorables. Colombia tendrá que desplegar gran capacidad institucional para negociar con una potencia como China, de forma equilibrada, transparente, garantizando resultados y sin ceder a presiones geopolíticas. Así mismo, debe preservar como Nación sus relaciones internacionales con los aliados estratégicos que han contribuido y seguirán aportando a nuestro desarrollo y bienestar.

Quedan, pues, muchos interrogantes sobre esta entrada presurosa a la Ruta de la Seda. Los distintos sectores sociales, económicos y políticos deberán estar atentos a que el Estado preserve, en cualquier desarrollo adicional de esta iniciativa, los objetivos y prioridades nacionales relacionados con: el desarrollo sostenible, la creación de empleo, la competitividad de nuestro país, nuestros marcos constitucionales como economía de mercado, la estabilidad de las finanzas públicas, el fortalecimiento democrático y el bienestar de la población.