Petro, paga tu abogado

En la vida pública y la privada, las malas prácticas tienden a cambiar los parámetros éticos y normalizan lo que antes era percibido como irregular o indebido. Lo que está probado científicamente es que las manzanas podridas corrompen las buenas, no lo contrario; se expande la mala práctica. Un ejemplo son las reformas tributarias; todos los candidatos hacen campaña diciendo que no subirán los impuestos y es lo primero que hacen. Otro es el impuesto del 2 por 1000 creado en 1998 con la promesa de que sería transitorio y que ya va por el doble.

Para entrar en materia, antes lo normal era que los altos funcionarios enredados en procesos penales por hechos relacionados con sus cargos o con la forma en que llegaron a ellos renunciaran y se defendieran como civiles. Así fue hasta 1995, cuando, en el Proceso 8000, el presidente Ernesto Samper Pizano dijo: “Aquí estoy y aquí me quedo” y así lo hicieron los miembros de su gabinete, del que se retiraron por decoro Guillermo Perry y Humberto de la Calle; los demás se aferraron a la línea de vida del poder mientras se defendían, como Horacio Serpa, Rodrigo Pardo y Fernando Botero Zea, quien renunció no por pudor sino porque perdió el favor presidencial.

El nivel ético hasta entonces ordenaba que los funcionarios emproblemados no debían estar en sus cargos para evitar siquiera la tentación de usar los recursos y privilegios adosados al poder político y afectar las investigaciones. No tenía que ver con la presunción de inocencia, sino con la gobernabilidad y la rectitud políticas.

Ya es conocida la adhesión del gobierno de Gustavo Petro a la doctrina Guanumen, que justifica correr la ‘línea ética’ solo para alcanzar propósitos prácticos como ganar unas elecciones. Su vergonzosa divulgación pública no revelaba nada nuevo, pues la importancia de llegar al poder o mantenerse en él siempre ha sobrepasado a la ética política.

Pero la semana pasada se añadió una piedrita preciosa al exuberante collar de irregularidades del Gobierno, una innovación que implica un verdadero aporte a las malas prácticas que seguramente se fortalecerán y nunca se corregirán.

Se trata del pago de la defensa personal de Petro con recursos públicos en una cifra de escándalo: 10.000 millones de pesos en honorarios de abogados extranjeros para que lo saquen de la Lista OF. El presidente dio la excusa opaca de que ahí lo metió la derecha para tumbar al único presidente progresista que ha tenido Colombia. Una chambonada para excusar otra chambonada.

Como ya era usual que los funcionarios se defendieran desde el poder, ahora la regla será que eso le cueste al erario y que se diga públicamente, con ostentación y sin pudicia. Hasta ahora, pagar a los abogados de los funcionarios con el erario era una práctica velada; ya no más, bastará decir que los problemas legales se tienen porque la oposición, sola o coludida con potencias extranjeras, ha conspirado para crear problemas legales al presidente, para que el presupuesto se use con fines de defensa que hasta el momento eran asuntos que afectaban solo al bolsillo del enredado o de su aseguradora.

La desfachatez con que Gustavo Petro explicó la celada refleja su desprecio a la ley cuando le conviene; y le vale un bledo el destino de todos los subalternos que están en la línea de decisión de la irregularidad, que terminarán enredados en mil frentes durante los años por venir, porque, como lo ha sugerido Petro varias veces, no importa si después los jueces dicen que algo fue ilegal, hay que hacerlo hoy.