Desconcierto

Cada vez más se impone designar al período presidencial que comenzó en 2022 como el gobierno del desconcierto. Todo lo que ha rodeado este periodo desde sus mismos inicios llama a la sorpresa. Podría también designársele como la etapa de la pandemia institucional.

Lo que estalló en días recientes fue una desesperada protesta de los mandatarios regionales contra la avidez sin límites del Gobierno central. Lo curioso es que esta movida, en apariencia insólita, tiene profundos fundamentos constitucionales. Se parece más a la ‘resistencia a la opresión’ que a un abierto desafío al orden constitucional.

Siempre hay que tener presente que el nuestro es un Estado de Derecho. Y de la mano del profesor Miguel Moreno Jaramillo, siempre hay que recordar que ‘el buen sentido preside el derecho’. La separación de poderes y el respeto a las autoridades locales son fundamentos esenciales de nuestro sistema institucional.

Causa desconcierto el hecho de que el Gobierno central fabrique una emergencia económica basada en el rencor contra el Congreso porque el cuerpo soberano de nuestra representación no aprobó una reforma tributaria. Lo correcto, según lo indica el buen sentido, es acatar la decisión del Congreso y concertar, concertar y concertar.

Si algo ha demostrado el actual Presidente es su incapacidad estructural para construir acuerdos. Se ‘negocia’ después de tomada la decisión gubernamental. Lo cual llevó hace un par de meses a Jaime Alberto Cabal, directivo de Fenalco, a no intervenir en las discusiones sobre salario mínimo por considerar que el Gobierno tenía un as bajo la manga: doble dígito y prevalencia de la normatividad internacional.

La ‘excepción de inconstitucionalidad’, que alegan los mandatarios regionales para inaplicar algunas normas de la emergencia económica, tiene profunda raigambre en nuestras instituciones. Recuerdo las disertaciones del profesor Andrés Holguín sobre el tema en la Universidad del Rosario, brillantes como todo lo del maestro.

Si el gobernante tiene el deber de aplicar la Constitución y las leyes en cada uno de sus actos, los ciudadanos tenemos el deber de dar prelación a las normas fundamentales cuando ellas son desconocidas o violadas por el acto del gobernante.

Por vía de la espuria emergencia económica, el Presidente y su equipo metieron mano en las finanzas regionales, produciendo con ello graves desestabilizaciones en las condiciones del mercado. Por cierto, el actual Gobierno manifiesta su apego a los prejuicios ideológicos más que su respeto a las condiciones de mercado.

No es para nada deseable que los despropósitos del Gobierno central coloquen a los mandatarios regionales en situaciones de verse obligados a defender sus fiscos, bien precarios, por cierto. Pero, ¿qué se puede esperar de un equipo gubernamental que acata las decisiones judiciales cuando le convienen?

¿Qué puede esperarse de un gabinete que, por boca del Ministro del Interior, tilda de ‘narcos’ a los magistrados de las altas cortes?

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Posdata. A nadie le debe quedar ninguna duda: las últimas actuaciones, decisiones e intromisiones del presidente norteamericano, Donald Trump, indican que el orden mundial establecido después de 1945 toca a su fin. El andamiaje construido alrededor de la Organización de Naciones Unidas parece resquebrajarse sin remedio.