¿Para qué una constituyente?

Luego de casi un año sin hablar de la propuesta de una Constituyente, que en su momento planteó una de las discusiones más críticas en el debate público, el presidente Petro ha retomado la idea de convocar a una asamblea para reescribir la Constitución. Lo que en campaña prometió con una firma sobre mármol duró poco y ahora ha sido reemplazado con un argumento imposible de creer: que para cumplir la Constitución de 1991 debe ser reescrita.

Para entender el panorama debemos empezar por la pregunta más elemental: por qué el presidente Petro quiere cambiar la Constitución del 91 y, a su vez, qué es lo que le incomoda a su gobierno de nuestra carta política. Esta pregunta es especialmente relevante si se tiene en cuenta que durante décadas Petro ha repetido con visible orgullo, a pesar de todas las veces que esa afirmación ha sido desmentida, que participó en la escritura de nuestra constitución. ¿Cómo es posible que el Presidente a veces asuma la coautoría de los avances planteados por nuestra carta y en otras ocasiones sea quien proponga reemplazarla?

Por supuesto que entre las motivaciones menos conocidas del gobierno hay más prioridades que el cumplimiento de lo pactado en el 91. Reescribir las reglas de juego de las repúblicas ha sido una de las mayores obsesiones de los demagogos y los tiranos del mundo entero y, a su vez, los demócratas se han visto en la permanente lucha por defender las reglas de juego ante los caprichos de quienes buscan gobernar sin límites ni contrapesos.

El Presidente ha argumentado que su gobierno enfrenta un bloqueo legislativo, pero lo que en realidad deja en evidencia es que no le gustan sus contrapesos como jefe de Estado, como tampoco le agradaron -y le merecieron toda clase de insultos y ataques- los controles institucionales del Concejo cuando fue alcalde de Bogotá. Cada vez son más las dudas sobre el verdadero talante demócrata del líder de nuestro país.

El gobierno insiste en decorar la propuesta de una constituyente con sus conocidas etiquetas de ‘popular’ y ‘justicia social’, y promesas como el acceso al agua. Pero de fondo es mucho más oscuro todo lo que el gobierno podría modificar en nuestra carta política a su antojo -así como también los sectores más conservadores podrían hacerlo si consiguen mayorías, como ocurrió en Chile-. Por ejemplo, una constituyente impulsada por un gobierno que a diario libra controversias con sus contrapesos podría llevar a un sistema más presidencialista. Así mismo, discusiones como la composición de los distritos electorales, el sentido de la propiedad privada y la subordinación de fuerzas armadas a las autoridades civiles podrían ver serios retrocesos o transformaciones caóticas.

Para implementar a profundidad la Constitución del 91 no hay que reescribirla, sino todo lo contrario: sus fundamentos deben ser respetados por todos los gobiernos y su cumplimiento debe ser una prioridad de las políticas públicas. Una constituyente no solo no garantizará su cumplimiento, sino que dejar su futuro en manos del radicalismo que nos gobierna abre las puertas para toda suerte de pesadillas como la reelección, el debilitamiento de la separación de poderes y la redefinición de la propiedad privada.

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Posdata. La escena que el país entero vio este fin de semana en Medellín es uno de los episodios más penosos en una larga lista protagonizada por este gobierno. Una cosa es proponer salidas para enfrentar el crimen y otra compartir tarima y arengas con jefes de ‘bandas’ dedicadas al crimen. Se trata de un mensaje contra la ley y la autoridad que debe recordarle al país que las advertencias por ‘pacto de la Picota’ no eran un chiste.