Mezquindad en torno a un fallo

Pocos asuntos en Colombia se han conducido como política de Estado. Uno de ellos, la defensa del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde 1969 el país ha mantenido una posición coherente, entendiendo sus fortalezas y debilidades. En especial desde 2001, cuando el Gobierno Sandinista decidió elevar sus reclamos ante la Corte Internacional de Justicia. Por eso, extraña la egolatría de algunos gobernantes.

Durante 50 años Nicaragua ha pretendido el Archipiélago. En un inicio, algunos de sus cayos y luego las islas principales. Tras años de diálogos infructuosos -Colombia no iba a ceder en materia de soberanía- el régimen de Daniel Ortega instauró una seguidilla de demandas, ligadas entre sí, que respondían a una estrategia fríamente calculada que apuntaba a quedarse con una vasta extensión de mar, como los hechos lo confirmarían.

Lo anterior, pese a existir el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, que le reconoció la franja de su costa continental y las islas más cercanas a Nicaragua, y a nuestro país, la soberanía sobre el Archipiélago. Pensando se le haría conejo, ese país pidió aclarar que los territorios de Colombia eran los que están al Este del Meridiano 82, coordenada que el expresidente Carlos Lleras decidió convertir en límite marítimo entre los dos países.

Pero no era así. Excepto el expresidente Alfonso López Michelsen, pocos lo admitían; era como una traición a la Patria. Por eso y pese presentar argumentos en defensa de la tesis del meridiano como límite (lo conducente en esa etapa del proceso), en 2007 la Corte señaló que si bien el Archipiélago era de Colombia (el mayor de todos los triunfos), el Meridiano 82 nunca había tenido por objeto establecer una delimitación marítima.

Fue así como en el 2012, resuelto parte del asunto, la Corte acogió la tesis de Colombia de trazar una línea media entre la costa continental nicaragüense y las de las islas del Archipiélago y rechazó la propuesta de delimitación de Nicaragua al borde externo de la plataforma continental. Pero le otorgó a ese país una mayor Zona Económica Exclusiva, ZEE y enclavó a dos de las islas colombianas, decisión que causó enorme controversia.

El fallo fue leído como una derrota. Frente al imaginario del Meridiano 82 como límite, promovido por Lleras, Colombia perdía 75.000 Km2 de ZEE. Desde entonces era claro que Nicaragua buscaría ampliar su ZEE basada en la plataforma continental extendida. Colombia, consciente de que ocurriría, desde el primer litigio tuvo el cuidado de sentar las bases para desestimar tal absurdo. Un año después, en 2013, radicarían la demanda.

Sin perjuicio del trabajo previo, desde el 2001, cuando se inicia la confrontación jurídica con Nicaragua, cinco gobiernos -el de Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro- se pasaron la posta de la defensa, hilando con rigor de cirujano cada argumento jurídico. El Agente de Colombia, el abogado externo de mayor experticia en derecho del mar del equipo, y la Armada, por ejemplo, han estado ahí desde el inicio. Un trabajo consistente y de años.

Por eso, no deja de ser mezquino que algunos traten de adjudicarse el triunfo de manera exclusiva, desconociendo lo recorrido y el aporte de tantas personas durante décadas, afinando y defendiendo una política de Estado. Si el fallo hubiese sido adverso estarían callados o responsabilizando a otros, empezando por el presidente Petro, quien no se arriesgó a ir a San Andrés a enterarse del dictamen; horas antes decía que era un pleito heredado. Bien lo dijo Napoleón: “La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana”.