¡Ley Yulixa Toloza ya!

Yulixa tenía 52 años. Era estilista, vecina del barrio Santa Lucía, en Bosa, Bogotá. Una de esas personas ancladas a los recuerdos de navidades llenas de alegría y generosidad. Su familia la tributa en videos sonriendo, rodeada de amigas y clientas que hoy insisten en algo importante: antes de convertirse en noticia, Yulixa era una mujer profundamente querida.

Pero Colombia terminó conociéndola de la peor manera. Primero fue reportada como desaparecida, después de practicarse una lipólisis en el centro estético Beauty Laser. Luego vino la confirmación de que el cuerpo hallado en una carretera de Cundinamarca era el suyo. Y poco a poco aparecieron escenas propias de un documental criminal: una supuesta clínica ofreciendo procedimientos por tres millones de pesos; amigas que la vieron frágil tras la intervención; versiones falsas sobre su salida voluntaria; videos donde se observa cómo la sacan del lugar; capturas en Colombia y Venezuela; y la sospecha de que quien habría practicado el procedimiento ni siquiera era médico.

Este episodio terminó revelando algo más grande que un caso aislado: el enorme mercado clandestino que creció alrededor de la cirugía estética en Colombia. Y también evidenció, una vez más, la facilidad con la que seguimos culpando a las víctimas. “¿Quién la manda?”, “por ahorrarse plata”, “eso le pasa”, frases que por fortuna son más reprochados que antes, en lugar de poner la lupa sobre un sistema que permite que lugares clandestinos operen a plena vista, con publicidades rimbombantes.

Colombia está entre los países con más procedimientos estéticos del mundo. En un año se realizan cerca de 490.000 intervenciones y más de 321.000 cirugías. El cuerpo entró al mercado del consumo rápido: promociones, créditos, paquetes, influencers mostrando recuperaciones y clínicas vendiendo transformación física como cualquier producto aspiracional.

Y donde crece una industria multimillonaria, también crecen los mercados paralelos. Solo en Bogotá, entre enero de 2025 y mayo de 2026, se reportaron 282 denuncias relacionadas con procedimientos irregulares. En Cali, las autoridades reportaron este año el cierre de tres clínicas estéticas por incumplimientos e irregularidades, mientras que en 2025 fueron intervenidas siete más.

Las alertas llevan años acumulándose. Colombia necesita una ley que vigile y sancione las clínicas de garaje. Una ley Yulixa Toloza, como por desgracia conocimos la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015) que tipificó el delito de feminicidio, o la Ley Natalia Ponce de León (Ley 1773 de 2016) que clasifica los ataques con ácido como delito autónomo: normas que nacieron después de tragedias que no supimos evitar a tiempo.

El país lleva años aplazando el proyecto ‘Cirugía Segura Ya’, que busca endurecer controles, regular competencias profesionales y cerrar vacíos legales frente a procedimientos invasivos. El proyecto ha sido archivado o frenado repetidamente en el Congreso. Su versión más reciente avanzó en Cámara, pero continúa estancada en el Senado.

Mientras tanto, las clínicas clandestinas siguen funcionando. No bastan las capturas después de una muerte. Una ley seria tendría que crear un registro público de centros habilitados y especialistas certificados; imponer controles reales sobre la publicidad engañosa en redes sociales; endurecer las sanciones para quienes practiquen procedimientos sin licencia; y ordenar cierres inmediatos de lugares que operen bajo fachadas de peluquerías o centros de belleza, como Beauty Laser.

Yulixa merecía volver a casa. No podemos resignarnos a que otra mujer termine desaparecida, abandonada en una carretera o convertida en tendencia nacional por culpa de un negocio clandestino que funcionaba a plena vista. No podemos seguir registrando muertes que pudieron evitarse. Necesitamos una ¡Ley Yulixa Toloza ya!

@pagope