La queja

Se queja la ministra de Ambiente que el Congreso no le diese prelación al proyecto de ley que buscaba prohibir la técnica del fracking y el desarrollo de los yacimientos no convencionales de petróleo y gas. Hizo bien el órgano legislativo, pues es evidente que esta no es una prioridad del país. Por dos razones: el Gobierno ya lo proscribió de facto en sus cuatro años de mandato y sería irresponsable cerrar esa puerta a mediano plazo.

Deplora la ministra Muhamad que el proyecto de ley se hundiese sin siquiera debatirlo. Discutible, con una precisión: el mejor debate hubiese sido haber realizado los proyectos piloto de investigación, para que fuera la ciencia y no la retórica, los datos y no la demagogia, los que le dieran respuestas al país y a los congresistas. Debate técnico que el Gobierno rehusó, por miedo a que los pilotos lo desmintiesen. Prefirieron intentar su prohibición.

El fracturamiento horizontal es una técnica segura. En su inicio, por falta de regulación y rigor de algunas empresas que la pusieron en práctica, se cometieron errores, que a la postre condujeron a madurarla. Es así como se han derribado mitos como la afectación inexorable a los acuíferos, y la tecnología ha avanzado al punto de permitir sustituir la presión de agua para fracturar la roca y liberar el hidrocarburo, por dióxido de carbono.

Como es conocido, gracias al fracking Estados Unidos terminó convertido en el principal productor de petróleo y gas del mundo y Argentina, que inició a la par de Colombia el proceso regulatorio hace 14 años, está próxima a producir 1,5 millones de barriles equivalentes, con fracking; casi el doble de nuestra producción convencional. Contaron con el apoyo decidido de todos los gobiernos, independiente de su espectro ideológico.

Entonces, ha hecho bien el Congreso en ir despacio. Más, cuando el país está ad portas de una crisis energética por la caída en las reservas probadas de gas. Este año Colombia perdió la autosuficiencia en este energético y yéndole bien dependerá del importado hasta el 2030. Revelan la UPME y Ecopetrol que podría terminar trayendo hasta el 30% del gas requerido para abastecer al sector industrial, residencial y de generación térmica.

Con un agravante. Bajo las actuales circunstancias el gas importado puede resultar 40% más costoso, impactando el precio en los hogares, y en el transporte, y en la electricidad y los bienes que se elaboran con estas moléculas. Lo imperdonable es que serán los pobres los más perjudicados, aunque esto no les importa al Presidente y la Ministra. Si les doliese se la habrían jugado por el gas nacional y ejecutado los pilotos. Prefieren el gas importado.

Y no de cualquier parte: de Venezuela. Una opción poco clara y que despierta sospecha. Prohibieron los nuevos contratos de exploración, es evidente la desidia con la que impulsan los descubrimientos costa afuera y están empeñados en destruir a Ecopetrol. Y no han hecho nada, tampoco, para ampliar de inmediato la planta de regasificación de Cartagena, la única opción viable a cortísimo plazo para garantizar el abastecimiento.

La crisis que se aproxima no inició ahora pero este Gobierno la acentuó y precipitó. No solo con una política energética y climática absurda, sino, sepultando los pilotos; a estas alturas el país conocería sus resultados, los riesgos reales y no fantasiosos del fracking. Podría estar produciendo gas natural y petróleo, usando como corresponde esta técnica. Tendríamos garantizada la autosuficiencia energética y despejado el nubarrón fiscal, cuidando el bolsillo de la gente. No será así, entre otras razones, por culpa suya, Ministra.