La memoria no es del gobierno de turno

Ganar unas elecciones no convierte al gobierno en dueño de la historia. Una orden presidencial bastó para retirar piezas del Museo Nacional. ¿Vamos a cambiar también nuestra memoria cada cuatro años?

El 15 de octubre, el Ministerio de las Culturas desmontó piezas de cinco salas del Museo Nacional. En respuesta a una tutela, reconoce 63 retiradas, 22 patrimoniales, y afirma que actuó “en cumplimiento de la orden presidencial”. Salieron grabados de gráfica política, carteles del M-19 y el esfero de la firma del Acuerdo de Paz. También la camiseta de un grupo de madres lesbianas y un folleto de 1993 sobre derechos reproductivos.

La orden siguió a la denuncia de un concejal de Bogotá. Según él, una sala exhibía afiches de Pizarro y atribuía el auge guerrillero a “gobiernos represivos”, sin reconocer a las víctimas. La ministra Paola Holguín agregó que los espacios culturales no deben adoctrinar ni justificar delitos. En ese principio tienen razón. Una vitrina del M-19 sin contexto puede herir a quienes sufrieron sus crímenes.

Pero el remedio para una pieza sin contexto es más contexto, no menos historia. Esa decisión corresponde a curadores, historiadores y víctimas, no a una orden. ¿Qué concepto técnico concluyó que un folleto sobre derechos reproductivos justifica un delito o revictimiza a alguien? Hasta hoy, el Ministerio no lo ha hecho público.

Esas salas no son obra de un gobierno. Memoria y Nación abrió en 2014, con Juan Manuel Santos. Hacer Sociedad, en 2019, con Iván Duque, con un guion revisado por cuatro comités curatoriales. Ninguna nació con Gustavo Petro.

Los derechos no cambian de dueño cada cuatro años. La memoria tampoco: la Constitución pone el patrimonio bajo la protección del Estado, no del gobierno. Ese criterio también me obliga. Si un gobierno de izquierda retirara el arte religioso colonial por considerarlo reaccionario, escribiría esta misma columna.

No es un dilema nuevo. En 1995, el Smithsonian canceló su exposición sobre el Enola Gay, el avión de la bomba de Hiroshima, tras la presión de veteranos y congresistas. Richard Kohn, que había sido jefe de historia de la Fuerza Aérea, criticó el guion por tendencioso. Aun así, vio en la cancelación quizá la peor tragedia de la historia pública de su generación: el guion ya se había corregido, y tras ella vino la revisión de otras exposiciones.

En Colombia, el problema va más allá de las piezas retiradas: faltan reglas que impidan dejar la memoria a merced de cada gobierno. Un estudio de 2021 documentó que ninguna norma obligaba al Museo a construir su guion con pluralismo ni con las comunidades que exhibe. Han decidido funcionarios y expertos.

El Ministerio alega que el Museo no tiene autonomía. Puede ser legal. Si basta una orden para vaciar una sala, el próximo gobierno podrá hacer lo mismo. La ministra anunció revisiones en otros museos.

Un juez ordenó conservar las piezas y no retirar otras sin acto administrativo. Hacen falta tres decisiones. Primero, transparencia: publicar el acto y el concepto técnico que sustentan los retiros. Segundo, revisión: reinstalar las piezas mientras un comité curatorial, con víctimas, académicos y comunidades, evalúa su contexto. Tercero, reglas para el futuro: exigir por norma un concepto técnico previo y público para modificar exhibiciones permanentes de museos nacionales.

Ni el museo como trinchera de un sector, ni el poder como curador de la memoria. Quiero un Museo Nacional donde quepan las víctimas, los próceres y quienes durante años no tuvieron vitrina.

Presidente, Ministra: la grandeza de un gobierno está en garantizar que todas las historias puedan contarse con contexto, no en escoger cuáles merecen ser recordadas. La historia de Colombia no puede quedar a disposición de quien gane las próximas elecciones.