Impensable reforma

El gobierno de López Obrador en México logró, por fin, una reforma judicial que tan solo las elecciones del 2 de junio le han permitido realizar ya en las últimas semanas de su gobierno de seis años. Un triunfo electoral en toda la línea que le otorgó prácticamente el control de ambas cámaras, el de varias gobernaciones y, por supuesto, la escogencia de Claudia Sheinbaum cómo la nueva presidenta de México, considerada una discípula muy cercana.

Difícil imaginar un sistema político en el cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pasen a ser elegidos en una votación popular y que lo mismo ocurra con cerca de 2000 funcionarios judiciales. El gobierno alega que así está buscando independencia, transparencia y legitimidad democrática y, por supuesto, mayor eficiencia y menos nepotismo y corrupción. El número de ministros de la Corte Suprema, así se denominan, pasa de 11 a nueve. Su periodo para el ejercicio de su función reducido a 12 años y la pensión queda limitada al tope máximo que existe para el Presidente de la República.

Por supuesto, el proceso electoral va a ser muy complejo y no cubre a todo el poder judicial como quiera que no incluye al poder judicial local ni a los fiscales. Los tres poderes participarán en el proceso de postulación de candidatos para la Corte Suprema, se prohíbe la participación de los partidos políticos en este proceso electoral, se restringe el periodo de las campañas, se prohíbe, también, cualquier tipo de financiación. Los aspirantes contarán con espacios de televisión y radiodifusión y diferentes foros.

La actual presidenta de la Corte Suprema afirma que esta es una reforma más política que técnica. Así lo revelan las reacciones de organismos como la Relatoría especial de las Naciones Unidas para la Independencia judicial, o el grupo de derechos humanos Human Rights Watch y la propia Embajada de los Estados Unidos que considera que esta reforma va en contravía de varios de los artículos de ese ambicioso tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México y, por supuesto, las organizaciones que representan inversionistas extranjeros, que tienen tanta importancia en México, expresan su preocupación ante los riesgos que esta reforma tiene para la seguridad jurídica.

El tema de la elección de magistrados de las altas cortes, de los tribunales así como el nombramiento de jueces y fiscales es uno de los asuntos más sensibles en la construcción de cualquier sistema político. Colombia, con una gran tradición jurídica de respeto a la independencia de los jueces, logró en la Constitución de 1991 un proceso complejo que permite la participación de varios poderes y que busca transmitir una idea de imparcialidad en la administración de justicia, de transparencia y de independencia. Nada más importante en un sistema político. Inconcebible una democracia seria en la cual la ciudadanía no tenga confianza en su sistema judicial.

Indispensable hacer un seguimiento muy cuidadoso de este nuevo sistema judicial en México que se inaugura con fuertes críticas de múltiples sectores incluyendo el propio sector de administradores de la justicia. Y sigamos confiando en la complejidad de nuestro sistema judicial que no obstante los problemas procedimentales y de procrastinaciones sigue ofreciendo a los colombianos una esperanza cierta de una justicia transparente, independiente, y eso es lo que deseamos, eficaz.