En parroquia

Los dos principales problemas de Cali son la informalidad laboral y la inseguridad. La informalidad consiste en que más del 50% de la fuerza de trabajo no está protegida por la legislación y sus ingresos son reducidos e inestables. Ello sin contar que para el primer semestre de este año la cifra de desempleo fue de 12,4%. La inseguridad consiste en que la mayoría de las muertes violentas están relacionadas con actividades derivadas del narcotráfico, del cual por su ubicación geográfica y su tamaño Cali es principal centro. En el primer semestre de 2023 hubo 507 asesinatos. Ni la generación de empleo, ni el control del orden público dependen del alcalde de turno, por malo o maravilloso que sea. De allí que resulten un tanto cándidos los perfiles que se hacen por estos tiempos prelectorales de los alcaldes ideales que van a resolver estos problemas a fuerza de buena voluntad, llamados a la solidaridad y espíritu cívico, tres cosas que por supuesto nunca sobran.

La responsabilidad del generar empleo estable, productivo y bien remunerado, como debe ser, no es de la Alcaldía sino del sector empresarial, cuyas iniciativas filantrópicas, por bien intencionadas que sean, no bastan. La generación de esa clase de empleo simplemente no se ha producido en un grado que impacte el bienestar colectivo. Han faltado imaginación, iniciativa, audacia para conquistar nuevos mercados, para atraer nuevas inversiones productivas, para incorporar de verdad al sector productivo a los mercados globales. Los casos exitosos que se registran, que los hay, son más la excepción que la regla. La norma general, según la Cámara de Comercio, es una multitud de pequeñas empresas manufactureras o de servicios que luchan por sobrevivir en el mercado interno.

El control del orden público tampoco es en realidad de la Alcaldía sino de la Policía y el Ejército, cuyos roles se confunden a veces, organismos nacionales cuyos jefes locales responden a la jerarquía policial y militar más que al alcalde. Como decía algún director de la Policía de ingrata recordación, el Alcalde es jefe de Policía, no de la Policía. Como consecuencia, ni las labores de inteligencia, que hubieran podido prevenir el violento estallido social de 2021 si hubieran sido eficaces, puesto que en parte fue organizado y financiado con tanta anticipación, ni las investigaciones o el patrullaje cotidiano que pueda disminuir la criminalidad, dependen de la Alcaldía.

Lo que sí depende de la Alcaldía es algo que en Cali está manga por hombro: la movilidad, el plan de ordenamiento territorial, el reforzamiento de la cultura ciudadana y la prestación de los servicios públicos. El MÍO es la historia de un desastre administrativo por donde quiera que se lo mire y desde sus comienzos; la ciudad ha crecido al vaivén de las invasiones ilegales por decenios; el sentido de pertenencia común de lo público se ha deteriorado; y Emcali es una empresa que funciona a los mayores costos posibles, incluyendo sus áreas que dan pérdidas como la telefonía, costos y perdidas que se transfieren a sus usuarios.

Así que lo que hay que pedirle al futuro alcalde ideal es que se enfrente a los problemas de su competencia, que son enormes y complejos, antes que pedirle soluciones al desempleo y la inseguridad, que son causas de mucho de lo malo que sucede en la ciudad, pero corresponden a otras instancias cuya labor debería ser mucho más eficaz.