El servidor público

La magnitud, el alcance y el impacto que tiene la Secretaría del Deporte y la Recreación para la cotidianidad de la vida del caleño es poco conocida, pues la gente simplifica el tema del deporte a unos encuentros deportivos, a algunos deportistas y selecciones destacadas, tal o cual competición, un par de medallas y algún triunfo o derrota significativo.

En esta ecuación hay que involucrar a las gestiones que supone la administración de más de 600 escenarios deportivos barriales, el mantenimiento de cerca de 90 piscinas y centenas de canchas con grama algunas y muchas con pisos sintéticos, 4 unidades deportivas de alto rendimiento, la posibilidad de impactar a cerca de 400 mil ciudadanos a través de más de 1000 monitores deportivos y un grupo de técnicos, administrativos y directivos que pueden sumar unas 500 personas, más de 70 disciplinas deportivas reconocidas, apoyo a cerca de 1000 clubes y muchísimo más.

Como es obvio para lograr todo lo anterior, se necesitan empleados, colaboradores o, como se les dice en el sector oficial, servidores públicos. En la columna de hoy me centraré en ellos, en los que son realmente empleados, pues de los 1500 que sumé anteriormente entre directivos, técnicos y monitores, el 99% son prestadores de servicios, lo cual nos lleva solo a un puñado de empleados con salarios, prestaciones y demás requisitos de ley. Y, para seguir con la explicación, debo aclarar que lo ejemplificado en deportes pasa en toda la organización administrativa municipal y es una problemática que viene generándose por decenas de años, por lo cual señalo al Estado como responsable y a ningún gobierno o funcionario en particular.

El puñado de empleados al que me refiero, en su gran mayoría, puedo confirmar que son gente disciplinada, conocedora, experimentada, comprometida y honesta. Muchísimos de ellos cuentan con capacitaciones de todo tipo, han estudiado varias carreras profesionales y, cómo llevan decenas de años en su vida profesional en lo público, han visto aciertos y errores y, en consecuencia, saben exactamente lo que se debe hacer, lo que es bueno evitar y el camino que se debe tomar. En cualquier organización privada serían integrantes de los más destacados comités, los tomarían en cuenta para la toma de decisiones y serían consultados constantemente. Además, después de toda una historia en la organización, ocuparían cargos destacados y su remuneración estaría en sintonía con su experiencia.

La realidad es muy diferente en lo público y estos empleados tema de mi columna pueden dar fe de que difícilmente son ascendidos, muy pocas veces son tenidos en cuenta para la toma de decisiones, su remuneración se ha quedado rezagada frente a los contratistas que, en muchos casos, ganan 4 y 5 veces más que ellos, personas que llegan sin el conocimiento, la experiencia y el bagaje necesario para moverse en la cosa pública, que es tan árida, tan compleja y difícil.

Para más precisión aún, evoco en esta columna el trabajo que por más de 30 años una gran abogada como Gloria Cuéllar ha desarrollado para la administración municipal sin ser tenida en cuenta para una promoción que la lleve de un cargo asistencial a uno con mayor proyección en este final de su vida profesional. Otros tantos, como Luz Erly Pineda, Juan Carlos Granada, Gloria Castañeda, los servidores públicos claman por justicia.